El exgobernador, Roly Aguilera y Mamén Saavedra deben ver a un juez a las 15:00. La Fiscalía solicitó la detención preventiva para los tres en Palmasola

27 de abril de 2022, 8:07 AM
27 de abril de 2022, 8:07 AM


Tras el cruce de declaraciones que protagonizó el gobernador Luis Fernando Camacho y su antecesor Rubén Costas, la administración regional ayer optó por los paños fríos y redujo así los decibles al ámbito “estrictamente” jurídico, un tema no menor para Demócratas.

De hecho, el secretario de Asuntos Jurídicos de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, mostró el caso por el que están procesados, además de Costas, Roly Aguilera y el concejal Mamén Saavedra. 

“No hemos pedido la detención de nadie, hemos pedido que se haga justicia. No estamos calculando nada, estamos concentrados en lo jurídico y no en lo político. Ya los dirigentes de Creemos explicarán lo político y responderán al señor Costas”, afirmó Suárez en una entrevista con el programa Influyentes de El DEBER-Radio. 

El jurista indicó que hay indicios contra Demócratas, el partido fundado y liderado por Costas desde 2013 que, según dijo, “se benefició con recursos de la Gobernación”. Suárez señaló que existen evidencias a partir de las declaraciones del gerente de la empresa que prestó servicios publicitarios a la entidad regional, a la Gobernación y a ese partido. 

No es un cálculo político, sino institucional. Si hubiera sido político no hubiésemos hecho la denuncia porque sería darle palestra a Rubén Costas”, manifestó Suárez ayer.

En la entrevista, el secretario habló del caso desde que se detectó “irregularidades” en la contratación de la publicidad para respaldar la candidatura de Aguilera a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra en el contexto de la campaña de las subnacionales de 2021. 

La Fiscalía cree que el caso implicó una pérdida al Estado de Bs 700.000, que supuestamente se desviaron para financiar el proselitismo de Demócratas. Suárez aclaró que el allanamiento realizado por la Fiscalía a las oficinas de Demócratas no se encontraron documentos que relacionen al partido con la empresa Cisneros, desde donde se hacen las gestiones para el pago de publicidad digital a las operadoras mundiales Facebook y Google Ads.

En la requisa a la oficina de Demócratas, la Fiscalía encontró que el portero de la oficina del partido recibió un mensaje para deshacerse de documentos.

Además, puso sobre la mesa la declaración de Giovanni Gamarra, responsable de la empresa Cisneros, en la que admite que en la cuenta de publicidad de la Gobernación había contenido del partido que lidera Rubén Costas.

Respecto a las declaraciones del exgobernador sobre la injerencia del peruano Wálter Chávez en la Gobernación, Suárez fue escueto, pero conciso, al decir que Chávez no toma parte en las decisiones que se asumen desde el ente departamental, aunque, una vez más, no se desmintió si es o no asesor de Luis Fernando Camacho. “Walter Chávez no es parte de la gobernación como institución pública”, remarcó el secretario.

El exgobernador Costas afirmó el martes que Wálter Chávez estaría detrás de las denuncias que pesan en su contra y que impulsa la actual administración departamental, a tiempo de señalar que no teme ir a la cárcel y advertir sobre una campaña para dividir a la institucionalidad cruceña, especialmente las organizaciones vinculadas con la producción.

Costas sostuvo que el proceso del caso, también conocido como publicidad ‘fantasma’ tardó menos de seis horas en levantarse, tras la denuncia pública de la Gobernación señalando que la propia empresa encargada de impulsar la publicidad reconoció que hubo errores en el lanzamiento de información sobre dichas campañas en redes sociales, una versión que fue cambiada poco después, pero contra el Gobierno.

El diputado Andrés Romero (Creemos) salió en defensa del jefe del partido “por denunciar el daño que se le hizo a los cruceños en plena pandemia”, remarcó.

Días atrás, el presidente de la Asamblea Legislativa, Zvonko Matkovic, pidió a la Fiscalía “tomar el caso con extremo cuidado” y que Saavedra no sea juzgado porque en la campaña proselitista de 2021 no era funcionario público.