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Ajustado con los tiempos, mientras aún se procesan los datos del registro para mantener los subsidios y con dispersión de fechas de la efectiva implementación de los nuevos cuadros tarifarios, el Gobierno confirmó el inicio del esquema de segmentación para la luz y el gas. Se trata de uno de los pilares sobre los que Sergio Massa construyó su camino hacia el “ordenamiento” fiscal, y aunque formalmente comienza hoy, las demoras por la implementación de los valores -especialmente en la luz- y el ciclo de facturación, se estima que el impacto pleno sobre las facturas será en octubre.

“Ayer en la tarde, Enargas publicó -en diez resoluciones- los cuadros tarifarios que autorizan la suba de tarifas de gas desde septiembre. El impacto en las facturas será de 20% en el primero de tres tramos y 88% desde enero, al final.

Con la luz todo va más lento y se multiplican las dudas, incluso dentro del propio Gobierno. El esquema, que establece una quita total de subsidios para los hogares de mayores ingresos, y un cupo de consumo subsidiado para los definidos en el segmento medio, presenta dispersión de aumentos en términos porcentuales. Y si bien desde el Gobierno estiman que la suba promedio en este primer tramo (se aplicará un recorte del 20% de los subsidios para el segmento más alto) será inferior al 30%, prefieren estimar el incremento en las facturas en términos absolutos.

Así, por ejemplo, indican que un hogar tipo del segmento R2 en la zona metropolitana de Buenos Aires (con consumo mensual inferior a los 250kwh) tendrá un incremento en la factura el mes próximo de entre $ 550 y $ 850. Estos ajustes, que alcanzarán a los hogares de ingresos altos, suponen un aumento promedio del 50%.

Dudas con los números

En el Gobierno y en las distribuidoras también hay dudas respecto de la identificación de los usuarios y el empadronamiento de los hogares. Fuentes de la Secretaría de Energía indicaron que, de un total de 14,9 millones de hogares en todo el país, unos 2,5 millones se inscribieron y fueron incluidos en el nivel 3 (ingresos medios), mientras que 6,5 millones fueron asignados en el nivel 2, correspondiente a los beneficiarios de la tarifa social que no tendrán quita de subsidios.

Ese total incluye a quienes se inscribieron en el registro de subsidios (RASE) y a quienes fueron identificados en los padrones provinciales de la tarifa social, pero no se sumaron al RASE.

Existe un remanente de alrededor de seis millones de hogares que, en estas condiciones, perderían todos los subsidios en sus tarifas de luz y gas. De todas maneras, en el Gobierno estiman que esa cifra debería reducirse a partir del ‘matcheo’ entre los padrones de los beneficiarios de la tarifa social (provinciales) y la implementación de los aumentos, que motivaría a personas a ingresar en el RASE para solicitar los subsidios al percibir el impacto en las facturas. En ese sentido, advierten que la inscripción en el RASE tiene un alto avance en el AMBA, pero que continuarán activamente la búsqueda de usuarios en localidades del interior, para ampliar el registro y consolidar la base de datos.

“Queremos que todos tengan la posibilidad de anotarse y que todos tengan la facilidad para pedir acceder o mantener los subsidios si es que así lo quieren”, indicaron fuentes oficiales. También advierten que existe un número considerable de hogares que decidieron no solicitar formalmente los subsidios, más allá de que su situación económica los habilita.

Con respecto a los comercios, que recibirán una quita escalonada y total de los subsidios, el Gobierno estima que los incrementos en las facturas serán de entre el 26% y el 38%, dependiendo del nivel de consumo de cada establecimiento y rechazaron los reclamos sectoriales por el impacto sobre los precios.