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El Gobierno salió ayer a aclarar que la ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no busca atentar contra la libertad de prensa y el secreto de fuente, pero la Asociación Nacional de la Prensa le pidió que lo ponga por escrito en la misma norma.

Mediante un comunicado de prensa divulgado este domingo, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aclaró que el proyecto de Ley, que fue aprobado en la Cámara de Diputados la anterior semana y espera su tratamiento en el Senado, no afecta a la libertad de expresión, tampoco a la labor periodística ni incurre en censura.

La entidad estatal realizó esta aclaración después de que la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) emitieran un comunicado en el que alertaban que el Artículo 11 del proyecto de ley vulneraría el derecho de reserva de fuente.

En su descargo, la UIF indica que la futura norma no vulnera la Constitución Política del Estado ni contiene disposiciones que afecten la libertad de expresión, la labor periodística, ni incurre en censura previa. El artículo específico señala que no se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otros, cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones.

“Esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la UIF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal ni trámite previo alguno, y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo”, dice el artículo.

La ANP, poco después, emitió un comunicado en el que exigió al Ejecutivo que si es así, lo señale por escrito en la misma ley.

“Una legislación no puede contener términos sujetos a malas interpretaciones, y por ello llamamos a los legisladores a incluir la excepción, citando de manera explícita el reconocimiento a la Ley de Imprenta y la Constitución, y a valorar el mismo efecto negativo sobre otros sectores profesionales de Bolivia”, indica el comunicado de la ANP difundido este domingo 19 de septiembre.

La organización también hace recuerdo que La Constitución Política del Estado, en su artículo 107, establece que la responsabilidad sobre la información difundida a través de los medios de comunicación social está sujeta al cumplimiento de “normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley (Ley de Imprenta)”.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, también se pronunció por redes sociales tuiteó. “Las democracias deben agradecer y proteger a quienes tienen la valentía de denunciar asuntos cuestionables y de relevancia pública. La reserva de la fuente protege precisamente el debate público mientras que la persecución a las fuentes pretende clausurarlo y reprimirlo”, escribió en su cuenta en Twitter.

El artículo 8 de la Ley de Imprenta expresa textualmente lo siguiente: “El secreto en materia de imprenta es inviolable”.

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