Opinión

Gobierno no garantista de derechos humanos

5 de octubre de 2021, 5:00 AM
5 de octubre de 2021, 5:00 AM

El Gobierno, mediante su ministro del Interior, señalo que “la Policía boliviana, como el Ministerio de Gobierno, tienen las atribuciones que les permiten resguardar la vida e integridad física de todos los ciudadanos bolivianos, ya sea la de Luis Fernando Camacho, un pintor, un artesano, ya que todas las personas tienen el derecho de ser protegidas por el Estado”. También y al referirse a la posibilidad de que el gobernador declare en Santa Cruz, tal como solicitó su defensa legal, indicaron que “tienen conocimiento de dicho pedido, empero, ese es un tema de la Justicia”.

Al respecto y contradiciendo tales afirmaciones gubernamentales, asistimos a la indebida conducta de las autoridades migratorias de Viru Viru que abusivamente retuvieron el abordaje del padre del gobernador a un avión al extranjero (prueba de ello, su esposa sí lo hizo) con el intuito de que un fiscal lo notificara para declarar en La Paz. Esta ilegal acción de los funcionarios de Migración se constituye en delito penal ya que el art. 292, Código Penal, sanciona “al funcionario público que con abuso de autoridad y que, de cualquier manera, privare a otro de su libertad personal. Amén de que también violaron el art. 21.7 de la Constitución, ya que “los bolivianos tienen derecho a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país”. Sin citar convenios de derechos humanos, que por mandato de los arts. 13, 256 y 410, de la Constitución, también son aplicables al caso de examen.

Otro abuso fue la participación del fiscal de Warnes en dicha notificación, toda vez que este fiscal no fue previamente declarado por el fiscal General como miembro de la comisión fiscal del apócrifo caso de terrorismo. Es bien cierto que el Ministerio Público es único e indivisible, no obstante, y por mandato de los arts. 5.6; 22.3; y 82; Ley 260, estos solo pueden actuar en un proceso ajeno a ellos (la investigación por terrorismo es competencia de fiscales de la jurisdicción paceña) cuando sean declarados en comisión. O, en su defecto, si es que el fiscal andino le haya oficialmente solicitado mediante cooperación directa que efectuara dicha citación, ya que el art. 136, Cpp, previene que “cuando sea necesario, los jueces o fiscales podrán recurrir de manera directa a otra autoridad judicial o administrativa, para la ejecución de un acto o diligencia”.

Ahora bien y tomando la palabra del Gobierno que le ofreció seguridad al gobernador para que asista a La Paz, siendo que no es la población paceña la peligrosa para tal autoridad, porque no empieza pidiéndole a la comisión de fiscales del caso que aplique el citado art. 136, Cpp, y solicite cooperación directa a los fiscales cruceños para que le tomen las mentadas declaraciones, pudiendo elaborar el cuestionario y enviarle al fiscal cooperador; o en su defecto, si son tan delicados dichos actos, que son de defensa y no de investigación, que el fiscal paceño se traslade hasta Santa Cruz y él las tome.

Nótese que la citación del Gobernador corrió en las redes y fue publicada en los medios de comunicación, sin que antes haya sido debidamente notificado, lo que denota la temeridad de la Fiscalía paceña. Llegando al absurdo de que el policía notificador no pueda notificar por estar en horario nocturno. Señores, estamos hablando de un caso histórico con el que pretenden habilitar al acusado de fraude electoral y cometen tamaño desliz jurídico.

Como corolario de las payasadas procesales, resulta que el ministro de Justicia (de quien se espera un mínimo de conocimiento de la normativa y apego a la legalidad) señaló que “el gobernador (que aún no fue notificado y la norma establece que el primer acto debe obligatoriamente ser de manera personal – art. 163.1, Cpp) tiene que presentarse a declarar pues ya ha tomado conocimiento de su citación”; y, llama como chicanearías inapropiadas, el zopenco traspié policial incurrido en la pretendida notificación nocturna.

No es solo en este caso que fiscales paceños incurren en este tipo de abusos y que los magistrados cruceños, por no tener problemas con los políticos que tienen el control absoluto de la justicia y los amedrentan con cesarlos en sus funciones, no sancionan dichas injusticias que a diario se suscitan en contra de los ciudadanos cruceños y de otras urbes del país. Recientemente, un cliente de un proceso que se ventila en La Paz y al haber sido citado hasta esa urbe para prestar sus declaraciones, siendo que no posee economía para pagar pasajes, estadía, alimentación y otros (amén de no contar con la seguridad jurídica de no ser aprehendido), tomó la decisión de no presentarse e internarse, conjuntamente con su familia, en una ciudad rural, cambiar de labores, mudar a sus hijos de colegio, su esposa de ocupación, por miedo a ser aprehendido.

Concluyentemente y en tanto y en cuanto los administradores de justicia (policías, fiscales y jueces) no sean independientes de los avatares políticos, el Gobierno continuará no garantizando nuestros derechos humanos y seguiremos asistiendo a este siniestro e interminable sistema de administración de justicia que solo sirve para precautelar los intereses de los gobernantes, en desmedro de nosotros, el pueblo, al que se deben.

Joadel Bravo Bezerra es Abogado


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