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El Gobierno cree que la segunda misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debería llegar a Bolivia después de las elecciones y evitar de ese modo una posible electoralización de esta investigación sobre los sucesos de Sacaba y Senkata, principalmente, así declaró el procurador, José María Cabrera.

Dijo que el Estado boliviano tiene observaciones porque durante los 14 años de la gestión de Evo Morales llegaron hasta la CIDH 115 demandas solicitando medidas cautelares y solo tres fueron atendidas; en cambio ahora, las exautoridades del país presentaron seis demandas y de esas tres ya tienen medidas cautelares. Este “desequilibrio” llama la atención del Gobierno, que pide igualdad de tratamiento de los casos.

Solicitó atender todas las demandas pendientes.