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La narrativa de los que sucedió entre el 10 y el 12 de noviembre del año pasado ha vuelto al foco del debate parlamentario. Ayer, ante la proclamación de los resultados de las elecciones del 18 de octubre, la discusión si hubo golpe de Estado o fraude en 2019 volvió al hemiciclo de la Cámara de Diputados y terminó con Carlos Mesa dando un comunicado de prensa desde las escalinatas del Palacio Legislativo.

Todo se origina con un pendiente dejado por Jeanine Áñez. La expresidenta no promulgó la ley sancionada en los últimos días de vigencia de la Asamblea Legislativa donde se reconocían los resultados de las elecciones, la victoria del Movimiento Al Socialismo y se autorizaba la posesión de Luis Arce Catacora como presidente del Estado y de David Choquehuanca como vicepresidente.

La norma enviada para subsanar ese vacío legal -la anterior ya sancionada por la Asamblea no podía ser promulgada por el nuevo presidente- fue acompañada por una carta del Ministerio de la Presidencia en la que se justificaba su aprobación, primero porque la última ley vigente en ese tenor era la del 20 de enero de 2015, en la que se reconocía la victoria de Evo Morales y de Álvaro García Linera y, a partir de allí, se menciona que ese periodo constitucional “fue interrumpido por un golpe de Estado en contra de la democracia, perpetrado por políticos fascistas que atemorizaron al pueblo boliviano”. 

Luego de eso, detalla los antecedentes de la elección: la ley de postergación de las elecciones, la realización de los comicios, la aprobación de la ley de “Proclamación del presidente y vicepresidente constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia”, que estableció la posesión del 8 de noviembre, que fue sancionada el 30 de octubre, y aclara que “el Órgano Ejecutivo del periodo de facto” no la promulgó. Por ello, plantea la aprobación de una norma de artículo único en la que se proclamen los resultados electorales y se ratifique el juramento de las nuevas autoridades. En el texto que quedará en el ordenamiento jurídico nacional, no figura la palabra “golpe”, pero la carta fue suficiente para encender la mecha del debate.

Sin bancada para que la defienda, los parlamentarios de Comunidad Ciudadana fueron los encargados de dar la cara por la legalidad del gobierno de Áñez.

Los argumentos

Durante una hora, masistas y opositores hablaron de la carta que remitía el proyecto de ley, no de la ley en sí. George Komadina Rimassa, diputado de CC y reconocido politólogo, recordó los pasos de la Asamblea controlada por los dos tercios del MAS durante el Gobierno de Áñez, como la anulación de las elecciones del 20 de octubre, la convocatoria a nuevos comicios, la selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral o la misma prórroga de mandato de Áñez y de la Asamblea.

Por el lado del MAS, se enfatizaba en que el año pasado hubo golpe de Estado, porque se rompió el orden constitucional y acusaron a Áñez de no haber promulgado la ley que proclamaba los resultados del 18 de octubre con la intención de llevarse el dinero del Estado hasta el último día.

La discusión fue cortada por Comunidad Ciudadana, que planteó suficiente discusión de la mano del diputado José Benavides.

Afuera del hemiciclo estaba Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana que quedó segunda en las elecciones, a casi 27 puntos de Arce, para denunciar “una vulneración no de un hecho sino de una verdad”. Aclaró que CC no formó parte del Gobierno de Áñez ni directa ni indirectamente, pero que su Gobierno “fue legal, legítimo y respaldado por la norma”. Hizo referencia al comunicado del Tribunal Constitucional que respaldó la autoproclamación de Áñez el 12 de noviembre de 2019 (meses después un tribuno del TCP aclaró que no fue una declaración constitucional y que no generaba jurisprudencia) y que se corría el riesgo de llegar al absurdo de que, si se acepta que hubo golpe, se tendría que restaurar la legalidad hasta el vicio más antiguo y devolver el poder a Evo Morales Ayma.

Desde las escaleras, Mesa argumentó que lo que hubo fue la renuncia de Morales por lo que calificó de “un gigantesco fraude”.

Esto va en colisión con la versión del mismo presidente Arce de los hechos. En su discurso de toma de posesión, el nuevo mandatario dijo que el año pasado hubo “un desconocimiento a la voluntad popular y un golpe de Estado”, además calificó al Gobierno de Áñez como “ilegal e ilegítimo”.

A ello se suman las declaraciones de Evo Morales, que considera que la votación del 18 de octubre de este año demuestran que no hubo fraude. El sábado último, en Cochabamba, sumó a ese argumento las investigaciones de diferentes expertos internacionales que lo benefician. A esto se incluye un análisis de Pablo Menacho, exprocurador del Gobierno de Morales, que compara la votación obtenida por el MAS en 2020, con la observada por la OEA en 2019, para argumentar que no hubo fraude sino golpe. En este sentido, la prueba del “golpe” para el MAS es el pedido de renuncia de las Fuerzas Armadas, además del motín policial.

¿A quién beneficia esta discusión, un año después, con un nuevo Gobierno? Para el politólogo Carlos Guzmán Vedia, “Golpe mata fraude”. Para él, en estos momentos hay una pugna discursiva entre los bloques políticos. Recuerda que el eje discursivo de 2006, cuando el Movimiento Al Socialismo llegó al poder, eran los 500 años de sometimiento de los indígenas. En ese sentido, el Gobierno de Arce ha reemplazado ese relato con el del golpe de Estado. “Es una herramienta discursiva que le sirve como un elemento político que une a sus militantes y que antagoniza con el adversario. En este caso, el golpe reemplaza a los 500 años y los golpistas a los neoliberales”, analiza.

El académico señala que con el tiempo se pondrá en discusión este tema en el ámbito académico para analizar de manera más clara lo sucedido, la anomia de esos días de finales del año pasado. Para él, de momento se utiliza como un arma discursiva apoyada en la legitimidad electoral obtenida por el MAS. Ante eso cree que deberá haber una oposición política, ciudadana y académica que lo debata y lo analice.



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