26 de febrero de 2023, 4:32 AM
26 de febrero de 2023, 4:32 AM

Hace casi 20 años emprendí una investigación para culminar mi Maestría en Comercio Internacional, lo que me llevó a plantearme el desafío de comparar las políticas públicas aplicadas en países que en los años ´50 tenían un nivel de desarrollo menor al de Bolivia pero que, luego, en muy poco tiempo, nos superaron de lejos. Casi acabando el trabajo me asaltó la duda de escribir algo que podía no gustar a muchos, por resultar “no tan democrático”, lo que me llevó a consultarlo con el Doctor en Economía, Andrés José Granado Falcon (+), quien, en su condición de Director de Trabajo Final de Grado, me dijo que lo ponga como un aporte al conocimiento, un hallazgo de la investigación titulada “Apertura económica y exportaciones en Bolivia: el Papel del Estado (1980-2003)”.

¿Qué era lo que me había inquietado tanto, luego de ver el proceso de desarrollo de Taiwán, China, Corea del Sur, Chile, Colombia y Costa Rica? El hecho que, revisada la historia de tales países -con énfasis en el rol que le cupo cumplir al Estado en función de las políticas implantadas- hallé un “hilo conductor” que se repetía por décadas en casi todos ellos, permitiéndoles dar continuidad a las mismas como políticas de Estado: la existencia de gobiernos fuertes, de gobiernos militares, durante un largo tiempo. Una conclusión a partir de dicho hallazgo pudo ser, la dificultad de implementar políticas en democracia, habida cuenta que la gente normalmente será proclive a reclamar sus derechos antes que aceptar un sacrificio temporal, en función de alcanzar un bien mayor.

De ahí que, una de las razones por la que hay países que no se desarrollan como bien pudieran, tiene que ver con el hecho de que los gobiernos débiles (lo que no necesariamente quiere decir que hayan tenido una baja votación, sino que, no tienen más bien, un margen solvente de decisión) o gobiernos con pocas ideas (consecuencia de prometer solo beneficios a su electorado) suelen ceder sus decisiones “a la presión de la calle” para mantener su popularidad, primero, y sucumbir a ello, después, al no poder satisfacer a los inconformes que se acostumbran a vivir de las dádivas del Estado.

La historia ha mostrado sobradamente que cuando en un país el gobierno, primero -y la justicia después- se tornan permisivos en cuanto a la aplicación de la ley en función del bien mayor, esa sociedad deviene en un fenómeno llamado “anomia”, vale decir, la desorganización social derivada de la falta de respeto a las normas sociales de pacífica convivencia, así como a las instituciones llamadas por ley a cumplirlas y hacerlas cumplir.

Cuando en un país, por la repetición de los errores y la permisividad de las autoridades, a lo que objetivamente es malo se llama bueno y, a lo que de forma evidente es bueno, pasa a llamárselo malo, entonces la maldad termina haciendo de las suyas y ese país acaba mal.

Si no, vea el narcotráfico en México, con carta de ciudadanía a costa de casi 350.000 muertos y más de 70.000 personas desaparecidas entre 2006 y 2021 (“Una guerra inventada y 350.000 muertos en México”, José Luis Pardo Veiras e Íñigo Arredondo, Washington Post, 14.06.2021). O, vea a Colombia, donde había extensas regiones sin presencia de Estado por la narcoguerrilla; según la Comisión de la Verdad, “entre 1985 y 2018 se registraron en Colombia al menos 450.664 homicidios producto del conflicto armado interno. No obstante, al tener en cuenta el subregistro, esta cifra se estima en alrededor de 800.000 víctimas” (“Acuerdo de Paz: ¿Cuántas víctimas ha causado el conflicto armado en Colombia?”, Stéphanie Chevalier Naranjo, es.statista.com, 7.07.2022).

Otro tanto ocurre cuando no se paran los excesos personales o de agrupaciones que, pasando por alto que el derecho de una persona termina donde empieza el de otra,  imponen por la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón” sus intereses, consignas, ideas y toda clase de apetitos, tal el caso de personas que habiendo logrado cierta influencia pública a costa de sus estridencias y atropellos, llegan a la pública agresión de las autoridades -amparadas en su popularidad en las redes sociales- con actitudes justicieras aplaudidas por un público ignorante que no se da cuenta de lo que prohíja; de otra parte, están también las famosas “organizaciones sociales”, obreras, mineras etc., que  con su accionar desdibujan el derecho al reclamo y desnaturalizan la protesta, al agredir a quien no esté de acuerdo con ellas, debiéndose lamentar el consentir hasta asociaciones de contrabandistas con “derecho a reclamo”, por citar un ejemplo.

Este tipo de países están condenados al fracaso, a ser Estados fallidos, a que en su proceso de “tribalización” destruyan la legalidad y abunde la impunidad, caldo de cultivo para el crimen organizado, el retroceso económico, la injusticia social, la muerte y el dolor. Tal vez por eso el Dr. Granado Falcon -cubano de cepa casado con una abogada boliviana- dada su vasta experiencia, me recomendó poner aquel hallazgo, en mi Tesis de Maestría.