Graves violaciones a los DDHH de Zvonko Matkovic

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de emitir el informe de admisibilidad del caso Zvonko Matkovic a causa de la sistemática vulneración de sus derechos humanos. Este informe pone en evidencia los indicios referentes a que el Estado boliviano ha usado al sistema judicial como un instrumento de represión: Matkovic estuvo 8 años en la cárcel bajo la figura de la detención preventiva y 2 años con arresto domiciliario (todo ello vulnerando la normativa procesal) sólo por su condición de líder de la sociedad civil y activista político con una posición crítica al gobierno del Movimiento Al Socialismo.

A pesar de la mala aplicación del régimen de detención preventiva y de su prolongación excesiva, los operadores de justicia –sometidos a la presión del Gobierno de Evo Morales– negaron diversos recursos judiciales referentes a la solicitud de cese de dicha detención, tanto en la vía ordinaria como en la constitucional, generando ineficacia y dejando a Matkovic en una situación de indefensión. Durante 10 años, el sistema judicial nunca pudo demostrar su culpabilidad, convirtiéndose así en un prisionero político. Desde una perspectiva jurídico-internacional, estos son los principales derechos vulnerados:

a) Libertad personal: A Matkovic se le impuso la detención preventiva pese a que no se cumplieron los requisitos de legalidad, necesidad ni proporcionalidad. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) determina: “Toda persona detenida […] debe ser llevada, sin demora, ante un juez […] para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso” (art. 7). A pesar de que la norma boliviana indica que la detención preventiva cesará cuando su duración exceda de 36 meses sin que se hubiera dictado sentencia, Matkovic continuó en la cárcel –de forma arbitraria– durante 8 años.

b) El debido proceso: Consta de una triple dimensión al ser un derecho, una garantía y un principio procesal. La CADH establece que toda persona “tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial” y que “tiene derecho a que se presuma su inocencia” (art. 8). Contrario a esta disposición, se aplicó el Decreto Supremo 138, el cual determina que la ciudad de La Paz es el ámbito de jurisdicción procesal para el juzgamiento de los delitos mencionados. Esto contraviene a la figura al juez natural dado que los supuestos delitos se habrían realizado en Santa Cruz. Por otra parte, el hecho de estar preso durante 8 años sin recibir sentencia refleja que el sistema judicial no actuó ni con independencia ni con imparcialidad, y que siempre se presumió su culpabilidad.

c) Igualdad ante la ley: Este principio debe garantizarse sin discriminación alguna. La CADH dispone que todas las personas “tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley” (art. 24). Consecuentemente, Matkovic no debió haber sufrido un trato discriminatorio por parte del Estado por motivos de raza, color, opinión política, origen étnico o social, situación económica o cualquier otra condición.

d) Protección judicial: La CADH determina que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los […] tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución […] o la presente Convención” (art. 25). Muy lejos de otorgarle esta protección, el sistema judicial actuó como un instrumento de represión contra Matkovic.

Ante esta serie de graves violaciones a los derechos humanos de Matkovic por parte del Estado boliviano, ahora este caso pasa a la etapa de fondo ante la CIDH, la cual determinará si existe o no responsabilidad internacional del Estado. La sociedad boliviana y la familia Matkovic tienen la esperanza que la decisión que se emita contribuya a proscribir las prácticas de naturaleza autoritaria que ejecutó el Gobierno de Evo Morales.