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Durante los primeros días del paro cruceño de los nueve días, aparecieron personas encapuchadas y armadas que en actitud violenta y montadas en camionetas atacaron a ciudadanos que cumplían pacíficamente la medida de protesta. Un informe de EL DEBER comprobó que los vehículos utilizados para trasladar a esas personas fueron incautados al narcotráfico y permanecían bajo el control de la gubernamental Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

Por tanto, un razonamiento simple lleva a concluir que quienes contrataron a esos encapuchados para que salgan a desbloquear y a golpear a ciudadanos y les facilitaron camionetas para su desplazamiento, son autoridades de algún nivel del Gobierno central, los únicos que tienen capacidad de disponer el uso de vehículos incautados.

Eso lo sabe hasta un niño de siete años; excepto, aparentemente, los fiscales que en una actitud grosera, absurda, sometida e indigna decidieron convocar a declarar en calidad de acusado al periodista Guider Arancibia de EL DEBER, quien fue el autor de la nota que denunció a quién pertenecían los motorizados en que se movilizaron los violentos.

Algo tan impensable como eso cuesta mucho creer, pero es así. La anterior semana llegó una citación a la Redacción de este medio en el que se otorgaba un plazo, hasta el lunes 29 de noviembre, para que nuestro periodista se presente a declarar como acusado por los delitos de instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, pero, oh sorpresa, a la vez también como testigo.

Un estudiante de Derecho del primer semestre sabe que un acusado no puede ser a la vez testigo. Ni al revés: un testigo no puede ser a la vez acusado. Eso lo saben todos, excepto el fiscal Roberto Ruiz Pizarro, que firma la citación.

La defensa de este medio hizo notar al fiscal que no correspondía hacer tal citación, porque para eso existe en el país una Ley de Imprenta.

Roberto Ruiz Pizarro entendió como quiso el memorial del abogado de este medio y el martes 30 de noviembre volvió a enviar una citación para que nuestro periodista declare en calidad de testigo en el caso de los vehículos de Dircabi que transportaban delincuentes armados, sembrando el terror en las calles cruceñas.

En caso de no presentarse, se emitiría un mandamiento de aprehensión contra el periodista de EL DEBER. Es decir, vivimos en el país del revés, donde un fiscal no conoce las leyes o su sometimiento al poder político es tal, que es capaz de tener una actuación vergonzosa como en este caso.

El fiscal Roberto Ruiz Pizarro también convocó a declarar a una mujer que fue víctima de la violencia de los encapuchados, pero no convocó al comandante departamental de la Policía, pese a que hay evidencias de que uniformados policiales aquel día estaban prácticamente protegiendo a los encapuchados.

Tampoco convocó al director de Dircabi para que explique cómo es que camionetas bajo su tuición trasladaban a los violentos por las calles de Santa Cruz. El fiscal tampoco pidió a la Policía que identifique a los agresores, de quienes hay fotografías y varios de ellos son fácilmente identificables, porque estaban con el rostro descubierto.

En un país donde imperan las leyes y el sentido común, un fiscal como Roberto Ruiz Pizarro jamás ocuparía una función como la que tiene. Y si la ocupa y comete tales groserías lo mínimo que se espera de él es que renuncie. No está capacitado para el puesto, o si lo está, es más fuerte su sometimiento al partido de Gobierno que no merece ocupar una responsabilidad tan importante para la sociedad.



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