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Después de siete horas de secuestro y torturas físicas y sicológicas a 17 personas, entre ellos policías, periodistas y productores agrícolas, los encapuchados armados que los secuestraron obligaron a firmar un acta, como condición para liberarlos.

Ocurrió en el predio Las Londras (provincia Guarayos) el 28 de octubre pasado. En el documento que las víctimas suscribieron se comprometían a no volver a ese lugar y que los secuestradores quedaban como únicos dueños de la propiedad. Quienes presionaron para conseguir la firma eran avasalladores de tierras, que estaban armados y encapuchados y que sometieron al grupo desde las 11:00 hasta las 18:00 de esa jornada.

El acta ya es parte del voluminoso expediente que elabora la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la comisión de fiscales, dentro de una compleja investigación con miras al esclarecimiento del suceso.

Los investigadores y la Fiscalía, así como las víctimas, consideran grave el hecho de que los  hicieran firmar el acta de compromiso a los secuestrados.

La defensa de las víctimas, Raquel Guerrero, calificó este hecho como otro delito gravísimo cometido contra la integridad de las personas, que se define como coacción en el Código Penal.

La jurista afirmó que los obligaron a firmar cuando estaban en total estado de indefensión y sometidas bajo un método característico de los cárteles del narcotráfico.

El acta y cuatro comunidades

El acta de compromiso es del 28 de octubre. Se firmó alrededor de las 18:00, después de casi siete horas de cautiverio en medio del terror sembrado por los encapuchados armados. Señala que en fecha 28 de octubre de 2021 se dio un compromiso con las comunidades 24 de Septiembre, Chuchial, Bañadito y Los Tigres, entre ambas partes con el comandante Torrico de la Chiquitania y con la prensa: Unitel, Red Uno, ATB y EL DEBER. También indica que el acuerdo sea difundido a escala nacional y que, en lo sucesivo toda acción sea ejecutada bajo consenso con las autoridades competentes y comunidades.

También señala que el pacto con el personal de las empresas de productores es que no regresen nunca más por esta zona, porque es tierra de las comunidades.

El acta indica que se procedió a la devolución de las armas a los oficiales de la Policía, cuatro pistolas 9 milímetros, junto con otras pertenencias.

Las víctimas, de forma unánime, aseguran que el documento fue elaborado a mano por los encapuchados, pero en otro ambiente en Las Londras, a donde llevaron por la fuerza al coronel Rolando Torrico, como comandante de la Chiquitania. “Mientras nosotros estábamos controlados, ellos hicieron el documento, luego lo leyeron y nos liberaron alrededor de las seis de la tarde”, dijo una de las víctimas.

Llevaron el acta a una notaría

Lo más curioso es que el acta que firmaron bajo coacción los policías, periodistas y trabajadores agrícolas, fue llevado por los encapuchados armados a la Notaría número 4 de San Julián para su registro, como si se tratara de un documento común y corriente con toda la legalidad del caso.

A pesar del requerimiento fiscal, la notaria no ha respondido sobre los nombres de quienes suscriben la inscripción de ese documento.

La abogada defensora de las víctimas manifestó que el documento es nulo de pleno derecho porque fue firmado bajo amenazas de muerte y que, al margen de los delitos de secuestro, torturas y vejámenes, se incurrió en la figura jurídica de coacción. Al llevar el documento a la notaría, los encapuchados dejaron sus nombres y sus firmas estampadas.

Fiscalía pide informes a notaría

El Ministerio Público, a la cabeza del fiscal departamental Roger Mariaca,  identificó la notaría y emitió requerimiento para que eleve los informes requeridos pero no obtuvo respuesta.

Según las investigaciones, en la notaría se registraron los nombres de los encapuchados que participaron de la emboscada, del secuestro y las torturas.

La identificación de la notaría dio pie a la Fiscalía para que aliste citaciones contra las personas involucradas. Mientras tanto, el comandante de la Policía de Santa Cruz, Marcelo Flores, ratificó que hay cuatro órdenes de apremio contra supuestos responsables de los violentos sucesos. Pidió paciencia y disculpas a las víctimas.

En la Policía se confirmó que los responsables del ataque armado permanecen refugiados en San Julián, población considerada como uno de los bastiones del MAS.

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