Hacia un diseño sensato de país
.
Bajo el lema ‘lo pidieron todos, lo hicimos entre todos’, el Comité pro Santa Cruz presentó en noviembre de 2023 el proyecto final sobre una nueva relación de la región con el Estado, respondiendo así al mandato del Cabildo celebrado en el mismo mes del año anterior. Fue un trabajo de largo aliento recogiendo inquietudes y sugerencias de instituciones diversas y de la sociedad civil organizada. Se realizaron, además, numerosos foros multisectoriales incluyendo a las provincias. En suma, la consulta se hizo con la amplitud y transparencia requeridas.
El modelo del nuevo relacionamiento debía contemplar un cambio cualitativo en la estructura política que permita a la región líder del país administrar recursos y ejercer competencias autónomas. Desde entonces, no se registran o son imperceptibles los avances de esa importante iniciativa que fue impulsada por una masiva decisión ciudadana.
¿Cómo debe organizarse una colectividad política para su mejor complementación y funcionamiento? Por encima de la variabilidad que sobre el asunto acredita la historia contemporánea, prevalecen al respecto parámetros democráticos a observar con detenimiento. En los tiempos actuales hay países sujetos a esquemas territoriales, políticos y administrativos de tipo unitario, federal y autonómico. España, Suiza y Bélgica, en Europa, son ejemplos claros de este último modelo. El gobierno central convive con los gobiernos regionales, en el marco de la respectiva coordinación constitucional, sin que esta restrinja o anule jurisdicciones y competencias que hacen a la esencia del ejercicio de la soberanía regional.
Se puede decir que, de tal modo, se ayuda a que los gobiernos centrales trabajen más y mejor cuanto a políticas de Estado, seguridad nacional y relaciones internacionales, toda vez que la carga de lo regional que a veces es tan pesada como la de lo nacional, recae específicamente en las espaldas de los que rigen las respectivas autonomías.
Lo mayormente destacable de tan acentuada descentralización territorial, política y administrativa, consiste en que no compromete la unidad del Estado, sino más bien la consolida. Sin ella, quizás otra hubiera sido la suerte de países de crítica y compleja estructura demográfica, en lo que hace a lo étnico y lo religioso-cultural.
Todo depende, sin embargo, de la forma en que en un Estado se diseñe y aplique tal fórmula de organización territorial, política y administrativa. Deben evitarse desviaciones tan irracionales como imprudentes en la línea de conexión entre el gobierno central y los regionales. Aquel con lo suyo (atribuciones nacionales) y estas con lo propio (roles de tipo regional, sin que esta demarcación sea alterada por lo étnico-cultural, especificidad evanescente que cada vez encarpeta más la historia en todas partes del mundo.
Lo prudente es que el gobierno central, repetimos, conviva con los gobiernos regionales y que en estos subsistan las autonomías municipales como tercer espacio de ejercicio de la soberanía popular (elección de alcaldes, Concejos Municipales y fijación de programas de desarrollo citadino). Lo anterior de modo alguno excluye a los pueblos indígenas que aún viven en las zonas rurales del país. Por el contrario, les abre las puertas a los municipios para que los rijan, voto popular mediante.
Pero la Carta Magna en actual vigencia, equivale a conglomerado de contradicciones y vaguedades que con el transcurso del tiempo parece que hundirán más profundamente al país en la crisis política, social y económica que padece desde la asunción del Movimiento Al Socialismo al poder político. Retornar a la racionalidad y a la sensatez, en lo que respecta al necesario ‘diseño de país’, es lo que aconseja la más elemental prudencia.
