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El Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció, en el curso de los últimos tres años y en unas siete ocasiones, la decisión de designar a las autoridades titulares de entidades del Estado y de empresas públicas. No lo hizo por falta de voluntad política. A la fecha, existen al menos 31 puestos vacantes clave y el más sensible es el de la Defensoría del Pueblo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, explicó ayer que estos temas, pero especialmente el vinculado con la elección del o la titular de la Defensoría, está en manos del vicepresidente David Choquehuanca, quien ejerce la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Anunció que en los próximos días “habrá novedades” sobre este procedimiento.

La autoridad legislativa no hizo mayores precisiones sobre la hoja de ruta que debe comenzar con una convocatoria para la recepción de postulaciones, según el artículo 226 de la Constitución Política del Estado. “Desde la Vicepresidencia se están iniciando algunos trabajos, vamos a tener alguna novedad posteriormente y vamos a trabajar para poder nombrar a un defensor.

En este momento se están viendo los espacios, los tiempos y los procedimientos que se van a cumplir”, apuntó Mamani. Eso sí, el tema no está entre los asuntos pendientes ni urgentes que serán tratados en el curso de las últimas sesiones del Legislativo correspondiente a este año. Mamani anunció que este jueves se tratará en el Presupuesto General del Estado del año entrante. De acuerdo con el diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana (CC), este presupuesto, que prevé inversiones en infraestructura y gasto corriente, concentra el 40% de sus asignaciones en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) y la estatal petrolera YPFB.

Estas son empresas altamente estratégicas que hace 16 años no tienen un presidente institucionalizado”, afirmó el legislador. De acuerdo con la Constitución, las autoridades ejecutivas de estas compañías deben ser elegidas por el Presidente, pero de una terna propuesta por la Asamblea Legislativa. En el caso de ABC, que está a cargo de Henry Nina, exdirigente de las Comunidades Interculturales, se debe nombrar a cuatro integrantes del directorio. Bajo ese mismo mecanismo constitucional está la selección del titular de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), además de la empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos.

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) también debe ser seleccionado a partir de las propuestas elaboradas por el Legislativo, donde el MAS tiene mayoría, pero no los dos tercios como pasó en el periodo legislativo 2015-2020. En la lista de los pendientes también se incluye a la presidencia del Banco Central de Bolivia (BCB) y cinco miembros del directorio, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el presidente de la Aduana Nacional y cuatro miembros del directorio, además del presidente del Servicio de Impuestos Nacionales y cuatro miembros del directorio. 

Roca sostuvo que, en el caso de las empresas públicas, los procesos de elección institucionalizada permiten “que se cumplan los requisitos de formación mínimos para acceder a esos cargos”.

Iniciativas

El caso del Defensor del Pueblo es el que más preocupa. Legisladores de CC enviaron una carta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, haciendo notar que la titular de esa institución, Nadia Cruz, lleva dos años en el cargo sin que existan señales para que finalice su interinato.

El diputado Óscar Balderas (CC) recordó que a esa iniciativa que salió del Senado se suma un proyecto de reglamentación para viabilizar la convocatoria, elección y designación de una nueva autoridad de la Defensoría. 

Cínicamente, el MÁS hasta ahora no da curso a nuestra propuesta”, lamentó el legislador, que cuestionó que la actuación de la entidad “no desarrolla mecanismos de control sobre las actuaciones de los órganos administrativos del Estado, cuando corresponden al oficialismo”.

Roca indicó que además de esa iniciativa, que reduce los interinatos a 90 días, se presentó una propuesta legal para transparentar la información pública. Desde enero de 2019, cuando Cruz asumió la Defensoría tras la renuncia de David Tezanos-Pinto, el MAS anunció el “análisis” de la convocatoria en varias ocasiones. A mediados de año, la senadora Virginia Velasco (MAS) explicó que la pandemia frenó este proceso de selección.

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