17 de abril de 2022, 4:00 AM
17 de abril de 2022, 4:00 AM


El contrabando mató a 402 industrias bolivianas en 2021. La cifra no es menor, porque cada una de esas empresas brindaba empleo de calidad, pagaba impuestos y generaba riqueza para el país. Sin embargo, la importación ilegal de productos desde otros países está engrosando la informalidad y asfixiando a quienes creen, emprenden y trabajan sacrificadamente en Bolivia.

El expresidente de la Cámara Nacional de Industrias, Ibo Blazicevic, calcula que el contrabando mueve unos 3.000 millones de dólares, que es el equivalente al 7 por ciento del Producto Interno Bruto. Pero, además, informes frecuentes revelan que las mafias que se dedican a esta actividad están equipadas con alta tecnología y armadas para combatir los controles que se hacen en Bolivia. El Estado dice luchar contra el contrabando, pero el argumento no es sólido cuando se conocen informes oficiales que denuncian que hay policías que están coludidos y que protegen en vez de combatir en muchas de las fronteras. Tampoco es muy creíble si se revisan las cifras y se encuentra que para que el contrabando sea punible en el país debe tener una cuantía de cerca de 70.000 dólares, mientras los empresarios piden que dicho monto sea reducido para que se dé un mensaje real de combate a este flagelo.

¿Cuáles son las consecuencias para el ciudadano de a pie? Cada lata de leche en polvo que ingresa de manera ilegal significa menos ingresos para el pequeño productor de leche que provee a las fábricas legalmente establecidas. El consumidor pone en riesgo su salud porque desconoce el origen del producto o si se mantuvo la cadena de frío. Lo mismo pasa con otro tipo de bienes: cervezas, aceites, mantequillas, embutidos, etc., pero se mantiene la compra porque cuesta menos. Así también se han detectado medicamentos cuyo consumo es altamente riesgoso, que se vende a menor precio, pero cuya manipulación es un misterio.

Ahora surge otro tipo de contrabando que también es mortal para la economía nacional. Se trata de la salida de productos que se venden baratos en Bolivia, pero que llegan a triplicar el precio en los países vecinos. Por ejemplo, la gasolina, el diésel o el GLP. Fue el mismo ministro de Hidrocarburos quien denunció un daño económico de 300 millones de bolivianos porque los combustibles salen de manera ilegal. En Bolivia están subvencionados y alguien se queda con la diferencia a costa de los ciudadanos y del erario nacional.

Así mismo está ocurriendo con el maíz. Falta en el mercado interno, afectando las granjas de pollo y de cerdo, pero se vende más caro en mercados del extranjero.

Todos estos deberían ser síntomas para inquietar al gobierno nacional. Son muchas incoherencias que siguen pasando sin que se corrijan. No solo es poner controles en las fronteras y vigilarlos para que no se corrompan (aunque es una tarea fundamental), también se trata de ajustar la normativa para que haya un respaldo jurídico que ayude a castigar a los que se enriquecen a costa de las industrias y de los ciudadanos.

Empero, economistas alertan de que el ingreso de productos baratos está evitando que la inflación trepe y genere un costo político importante al Gobierno. Ante esa mirada, cabe preguntarse si las autoridades están mirando a un costado para frenar mayor impacto en la economía. En la edición de este domingo se publica un reporte del Banco Mundial que dice que la deuda pública llegará al 80% del Producto Interno Bruto en 2022. Si eso no inquieta al presidente, entonces qué le puede preocupar.

Son muchas señales; es preciso sincerar la economía, bajar los gastos del aparato público y actuar para que las omisiones de ahora no generen una alta factura en el futuro a corto y mediano plazo.

 

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