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26 de enero de 2024, 3:00 AM
26 de enero de 2024, 3:00 AM

Un nuevo escándalo sacude a un hogar que acoge a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, intervenido por el Ministerio Público la semana pasada. Los casos de agresión sexual por parte de jóvenes de 16 y 17 años contra menores de 12 y 14 años causaron una profunda conmoción en la sociedad cruceña. El nuevo escándalo ha sacudido una casa que se suponía era un refugio para personas en situación de vulnerabilidad.​

La gravedad de la situación queda evidenciada por un expediente de más de 40 informes sicológicos recopilados de menores que estaban en ese centro. Estos informes revelaron presuntas agresiones sexuales y violaciones cometidas en el hogar que se supone deben brindar protección y atención. Es un recordatorio impactante de que la violencia puede incluso infiltrarse en lugares que deberían haber sido refugios para quienes anteriormente sufrieron daños o el abandono de sus familiares.

Además, no hace mucho tiempo también se dio a conocer el caso de un abogado que abusó de menores aprovechando que trabajaba en un albergue. Aquí fallan los mecanismos de control, falta la supervisión estricta con profesionales que cuiden el bienestar de los niños y niñas que debieran gozar de la protección del Estado.

La comunidad religiosa responsable de la gestión del refugio, conmocionada por las denuncias de abuso sexual, ha emitido un llamamiento de emergencia pidiendo al Estado que asuma el control del caso. Esta inusual solicitud reconoce la urgencia y gravedad de la situación y la necesidad de una intervención gubernamental para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores afectados.

Sin embargo, este caso también arroja luz sobre la actuación de las autoridades competentes. Las críticas a las acciones de la Policía, Fiscalía, Defensoría de la Niñez y del poder judicial, porque la madre de las víctimas ha denunciado que los menores dieron a conocer los hechos a los administradores y luego a varios responsables, pero no hubo respuesta. No es posible que los funcionarios que juran cumplir la ley y proteger a los menores en situación de vulnerabilidad sean los responsables de este tipo de dolorosas situaciones por omisión y negligencia.

La realidad es que este incidente pone de relieve la urgente necesidad de revisar y fortalecer los protocolos en los hogares de acogida. La selección y supervisión del personal debe ser estricta, siendo necesaria la implementación de programas de formación continua para prevenir incidentes similares en el futuro. La protección de los derechos de los niños debe ser una prioridad indiscutible.

En este momento crítico, la sociedad boliviana se enfrenta a una tarea urgente: restablecer la confianza en el sistema de acogida y garantizar que estos lugares cumplan su misión fundamental. La violencia no se puede tolerar ni ignorar. Asimismo, no es posible abandonar a las víctimas porque necesitan terapia para salir adelante y convertirse en ciudadanos de bien.

El llamado a la acción es claro: es hora de que el Gobierno, la sociedad civil y las instituciones religiosas se unan para eliminar la violencia en los hogares de acogida y así garantizar que ningún niño o joven tenga que soportar otra vez el sufrimiento en lo que debería ser su refugio seguro.

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