30 de septiembre de 2022, 4:00 AM
30 de septiembre de 2022, 4:00 AM

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, abogado de profesión y por tanto conocedor de las leyes bolivianas, pidió que se levante el secreto de fuente para conocer quién filtró el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ese que determinó que el Gobierno de Evo Morales ordenó ejecuciones extrajudiciales y torturas en el Hotel Las Américas en abril de 2009.

Chávez, hombre de Morales en el poder, está más preocupado por demostrar a su jefe que no fue él quien filtró el informe de la Comisión dependiente de la OEA, cuando debiera estar ocupado defendiendo los intereses del Estado para no perder más procesos millonarios como ha venido ocurriendo en el último tiempo.

Chávez se muestra asustado ante la posibilidad de que su jefe no le crea y por eso dice que incluso envió una carta en representación de Estado expresando su preocupación por la difusión de ese documento.

¿El problema verdadero es que un documento que es oficial se haya filtrado? ¿O se quiere desviar la atención de un asunto gravísimo que compromete la fe del Estado boliviano y su incumplimiento de tratados internacionales por responsabilidad del entonces mandatario Morales?

Chávez llama ‘especulaciones’ a las conclusiones del documento. Si fueran especulaciones, no debiera mostrarse entonces tan angustiado de la posibilidad de que él o su oficina haya filtrado el documento a la prensa. Si son especulaciones, no tendrían que haber muchas razones para la preocupación.

Es más, dice el procurador que el informe de la Comisión no tiene carácter vinculante y ahora pide que se revele el secreto de fuente amparado por las leyes bolivianas y tratados internacionales de los que Bolivia es signatario y que él debiera conocer porque esa es su obligación.

Lo que tiene que hacer Chávez es hacer su trabajo, que es defender al Estado boliviano. Como procurador, él no es defensor de Evo Morales como lo era como su abogado personal en el pasado.

Y de lo que hay que ocuparse ahora es de cumplir el mandato de la CIDH que deja los caminos bien señalados: o Bolivia enjuicia a Evo Morales y todos los responsables de la matanza en el Hotel Las Américas y de todas las violaciones de derechos humanos de esa noche y los años siguientes en la cadena de atropellos que el Gobierno hábilmente bautizó con el nombre de ‘caso terrorismo’, o el Estado tendrá que ser juzgado internacionalmente.

Sabido es que la justicia boliviana no es confiable porque está subordinada completamente al poder político del partido gobernante, por lo cual es poco probable que se pueda esperar una sentencia justa apegada a la evidencia de las múltiples violaciones de derechos identificadas por la CIDH, pero cuando menos quedará para la historia el registro de la verdad de los hechos de un penoso y sangriento incidente armado por el Gobierno con fines políticos.

Y que se sepan los detalles descubiertos por la Comisión, como el reporte del policía Walter Andrade, que participó del operativo de Las Américas, y que informó al comandante de la Policía que la intervención se hizo ‘exitosamente de acuerdo al plan acordado por Ministerio de Gobierno, Vicepresidencia y Unidad de Contingencia de la Embajada de Venezuela’. Es decir, que también hay una responsabilidad del entonces vicepresidente Álvaro García Linera, el que fuera ministro de Gobierno Alfredo Rada, así como de la representación diplomática venezolana de ese tiempo.

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