.

10 de octubre de 2024, 3:00 AM
10 de octubre de 2024, 3:00 AM

Hoy es un día crucial. Un expresidente, Evo Morales, debe declarar como principal sospechoso por un caso de estupro agravado y trata y tráfico de personas. Debe comparecer ante una comisión de fiscales en Tarija. La actuación de estos miembros del Ministerio Público quedará en la historia y podrá ser recordada para bien o para mal, dependiendo de si la conducta que muestren se apega a la ley o si hay manipulación para favorecer al exmandatario.​

El caso empezó mal. La denuncia fue conocida en 2020 y durmió durante años cuando el Movimiento Al Socialismo volvió al poder. Hubo un favorecimiento a Evo Morales, con el fin de que el caso quede debajo de la alfombra. Fue reactivado en 2024, justo cuando la pelea interna del MAS atraviesa su momento más crítico. Eso muestra que la administración de justicia no tuvo la misma vara para medir a oficialistas y opositores.

Sin embargo, en el caso de Evo Morales hay un hecho por investigar. No es poca cosa que un poderoso presidente, el ex número uno del país, esté acusado de estupro agravado por tener relaciones sexuales durante dos años con una adolescente de 14 años (casi una niña). Decir que es una sindicación política, que lo quieren detener no tapa un hecho de mucha gravedad por el que el exmandatario no ha ofrecido ninguna explicación y debe ser investigado.

Evo Morales no está por encima de la ley, como ningún ciudadano debe estar. A los opositores los metieron a la cárcel por su condición de opositores y ahí se quedaron hasta el día de hoy por delitos creados a medida para que el aparato judicial sea funcional a los intereses del poder. No solo están presos Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez o Marco Pumari, sino que estando en prisión se les ha vulnerado sus derechos humanos.

A Morales se lo investiga por un grave delito contra la mujer y también contra la niñez y la adolescencia. El caso es investigado de oficio por el Ministerio Público, porque este tipo de hechos no prescriben y no necesitan tener a un denunciante para que sigan todos los actuados. No obstante, él sí ha sido favorecido. Primero porque se archivó el caso durante varios años; segundo porque el fiscal general del Estado destituyó a la fiscal que llevaba la causa y a sus colaboradores, además de que ha posesionado una comisión de representantes del Ministerio Público (ojalá que no a medida de los intereses del expresidente) elegidos por esta autoridad que, por cierto, está de salida del Ministerio Público.

Hoy debe efectivizarse la declaración de Morales. La convocatoria es a una Estación Policial Integral (EPI) de Tarija. Uno de sus abogados le dijo a EL DEBER que acudirá. Él anoche habló públicamente para adelantar que será detenido y así movilizar a sus seguidores, acostumbrado a “meterle nomás”. Y es ahí donde hay que actuar de la mano de las normas nacionales. Eso significa garantizar su derecho a la defensa, pero ser eficientes e implacables con las investigaciones.

Ojalá que los fiscales actúen como es correcto y que no sean amedrentados ni sometidos por el poder que aún tiene Evo Morales.

Tags