Huaytari en entredicho
La idoneidad, transparencia e integridad deberían ser características esenciales de cualquier servidor público. En el caso de diputados, senadores o presidentes, entre otras altas autoridades de Estado, es fundamental tener una conducta personal ejemplar y libre de toda mancha. Pero lamentablemente, en la sociedad boliviana un político con tan elevadas virtudes solo es parte de una utopía.
Por el contrario, en nuestro país el servicio público es, prácticamente, un nido de poder, corrupción y enriquecimiento ilícito, y abundan los ejemplos. Precisamente, para tratar de frenar este fenómeno se ha dispuesto la obligatoriedad de la declaración jurada de bienes ante la Contraloría General del Estado que es, en buenas cuentas, un saludo a la bandera porque si todos los datos fueran ciertos habría que creer que los funcionarios públicos son muy pobres y viven endeudados, aunque en su vida diaria muchos hacen ostentación de sus cuantiosas fortunas.
Otro mecanismo de lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas es el trabajo que realiza la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Cuando se habla de lavado de dinero, se trata de los recursos económicos provenientes de actividades ilegales como son el narcotráfico y el contrabando. Y la legitimación de ganancias ilícitas es el mecanismo que utilizan los corruptos para tratar de “blanquear” el dinero mal habido, fruto de actos de corrupción con recursos públicos.
La UIF cuenta con el respaldo legal necesario y la tecnología apropiada para monitorear a diario las transacciones financieras y califica como movimientos financieros sospechosos a toda operación inusual por la frecuencia o por montos que no están acordes con la actividad económica “lícita” de cualquier persona. Y si la entidad detecta indicios suficientes de una conducta ilegal, pone el caso en manos del Ministerio Público.
Precisamente, esa es la situación del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari quien habría recibido Bs. 1,5 millones en una cuenta mancomunada con su esposa, entre 2020 y 2022. Un caso que, para variar, se ahogó entre papeleos y artilugios jurídicos hasta que el periodismo independiente, cuándo no, puso el tema en conocimiento público.
Huaytari es un diputado “arcista” que salió del anonimato cuando fue elegido presidente de la Cámara de Diputados. Su gestión al mando de la instancia legislativa es ineficiente y mediocre. No hizo nada para destrabar el conflicto de las elecciones judiciales y ha optado por evitar las sesiones plenarias con el pretexto de que resultan demasiado caras.
Respecto a la indagación abierta en su contra, Huaytari ha respondido con evasivas. En principio, negó tener conocimiento de las investigaciones, después retó a la Fiscalía a probar los hechos y finalmente denunció que existía una confabulación en su contra. Ningún argumento ni descargo contundente.
Hubiera sido ideal que Huaytari transparente sus recursos y demuestre el origen legítimo de los mismos con respaldos de su actividad económica legal, pagos de impuestos, entregas de productos o lo que sea necesario para justificar la fortuna.
En países con una institucionalidad firme y no desbaratada, una denuncia como la mencionada hubiera tenido dos salidas posibles: una respuesta clara y contundente del aludido o su inmediato sometimiento a la ley, pero como se dijo a un principio, eso es parte de una utopía.
Huaytari, un parlamentario que incluso se encuentra en la línea de sucesión presidencial, le debe una explicación a Bolivia. Tan simple como “el nada tiene, nada teme”.
