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19 de noviembre de 2023, 3:00 AM
19 de noviembre de 2023, 3:00 AM

Ideas fuera de la caja

La administración de recursos por parte del Estado (en sus tres niveles: nacional, departamental y municipal) es un tema crucial que afecta directamente a la sociedad. Hay una larga tradición y muchos antecedentes acerca de la ineficiencia e ineficacia de la administración pública en la gestión del dinero y patrimonio de sus pueblos. Esta incompetencia, a la que los contribuyentes nos hemos acostumbrado y con la que aprendimos a lidiar desde siempre, no solo impacta la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades, sino que también afecta negativamente a los ciudadanos que dependen de los servicios gubernamentales.​

Los procesos administrativos lentos y complejos dificultan la toma de decisiones rápidas y efectivas. La excesiva cantidad de trámites y regulaciones puede generar una carga innecesaria, resultando en demoras y mal uso de los recursos. La burocracia, en lugar de facilitar el funcionamiento eficiente del Estado, a menudo se convierte en un obstáculo.

Otro aspecto que contribuye a la ineficiencia es la falta de transparencia en la gestión. La opacidad en las finanzas gubernamentales dificulta la identificación de posibles desviaciones o malversaciones. La falta de rendición de cuentas crea un entorno propicio para el desperdicio de recursos y la corrupción, lo que socava la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

La planificación inadecuada también juega un papel importante en esta ineficacia. La falta de evaluación de necesidades y la ausencia de estrategias a largo plazo conducen a asignaciones desequilibradas. Esto resulta en la escasez de recursos en áreas críticas y el exceso en sectores menos prioritarios, afectando la capacidad del Estado para abordar eficazmente los problemas más apremiantes.

La administración pública requiere profesionales competentes y actualizados que puedan adaptarse a un entorno en constante cambio. La carencia de programas de formación adecuados limita el buen desempeño de los empleados gubernamentales, impactando negativamente en la calidad de los servicios prestados. Se valora más la fidelidad político-partidaria antes que la capacidad profesional.

De las muchas aristas que podría abordar, y dado que hay una suerte de boom inmobiliario en Santa Cruz, me voy a referir a la gestión de inmuebles estatales (predios públicos, edificios y terrenos fiscales) que representan un desafío crucial para evitar la generación de pérdidas económicas y disminución del valor patrimonial por la subutilización de algunos, el deterioro prematuro o la mala ubicación de otros.

En tiempos de “vacas flacas”, cuando hay que ser austeros y creativos, es necesario pensar “fuera de la caja”. Solo como ejemplo, de los muchos que podría dar en todo el territorio nacional: al inicio de una de las avenidas más caras de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra está la Facultad de Ciencias del Hábitat, Diseño y Arte de la UAGRM. El costo del metro cuadrado que el mercado inmobiliario podría pagar por este inmenso predio, en una subasta pública, permitiría que ese edificio se construya en terrenos más amplios y accesibles con las mayores comodidades y exigencias de aulas, laboratorios, equipamientos y salones, y todavía quedaría mucha plata para la gestión académica. Lo mismo se puede decir del Círculo de Oficiales del Ejército (COE), ubicado al final de la codiciada avenida, en uno de los vértices del llamado “triángulo de oro” de Sucupira.

En una situación de menor valor inmobiliario, pero con características similares, está el terreno de la Armada de Bolivia (ex Fuerza Naval) donde alguna vez vi unos marineros de agua dulce alineados cantando el himno nacional, mirando el horizonte —no de ríos o lagos—, sino de un canal de drenaje pluvial, ya que el predio de la Transnaval está sobre el Tercer Anillo Interno y canal Isuto.

Si se hace un inventario actualizado y preciso de los inmuebles estatales en todas las ciudades del país se podría optimizar el uso de estos activos. Entiendo que la burocracia es un obstáculo significativo. Los lentos procesos y la excesiva tramitación para el uso o enajenación de inmuebles fiscales pueden espantar cualquier buena intención y perderse inigualables oportunidades. Sabiendo de antemano esta real dificultad, me arriesgo a pensar “fuera de la caja”, porque el único fracaso es no intentar. Como se dice en mi pueblo: “¿Entre echajle y no echajle…?”.

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