Identifican 653 viviendas que no cumplen la función social y están en riesgo de ser revertidas

Allá en julio de 2006 cuando el Decreto Supremo 28794 dio vida al Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), a cargo del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el objetivo era dar una solución al déficit habitacional que arrastra Bolivia.

Según Hábitat para la Humanidad el país reporta un alto índice de déficit habitacional cuantitativo y cualitativo. Esta carencia cualitativa de vivienda se caracteriza por un alto grado de hacinamiento, aproximadamente el 30 % de la población sufre de este problema.

Mientras que, el 24% de la población refleja que tres o más personas duermen en una sola habitación y se estima que el 31% vive en condiciones inadecuadas. Y hace solo tres años que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el 64,8% no contaba con espacio suficiente en su vivienda.

Es en este escenario que los diferentes proyectos piloteados por el PVS se fueron concretando. El Estado apostó por la compra del terreno y la construcción de la vivienda. A cambio, el beneficiario no debía tener ningún inmueble a su nombre y una vez concluida la obra tenía el compromiso de cumplir con la función social; es decir, debía habitar la unidad habitacional a la que accedió.

Sin embargo, en muchos casos este compromiso no se cumplió. A la demora en la entrega de las viviendas, se sumó que algunos adjudicatarios optaron por alquilar, dar en anticrético, vender o directamente no vivir en las casas construidas por el Estado.

En este contexto, el Gobierno puso en vigencia la Ley 850 de reversión del beneficio de vivienda social, la que determina que si comprueba un uso irregular de las unidades habitacionales las mismas iban a pasar a la Agencia Estatal de Vivienda (AEV).

Juan José Espejo, director general ejecutivo de la AEV, confirmó que durante el proceso de reversión se anotaron testimonios de propiedad a favor de la entidad de 653 viviendas y que resultado de este proceso de titulación a favor de la AEV ser realizó la reversión de 41 unidades habitacionales.

La posibilidad de revertir la vivienda solo se concreta si el adjudicatario está en el programa de construcción de viviendas nuevas, en donde el lote y la obra corren a cargo del PVS. Si se detectan irregularidades en otros programas como el de autoconstrucción en donde el beneficiario es dueño de su lote y el Estado pone los materiales de construcción, la reversión solo apunta a recuperar lo invertido por la AEV.

Jorge Paredes, adjudicatario de una vivienda social del programa 2 del PVS, de la zona de El Balcón II, La Guardia, Santa Cruz, sostuvo que las notificaciones de resolución de contrato emitidas por la AEvivienda, desde 2016, nueva denominación de AEV, fueron sorpresivas, por lo que tuvo que preparar toda la información para demostrar que sí cumplía con la función social y así evitar que su casa sea revertida.

“Certificados de la Policía, de la junta vecinal, fotos de mi casa, alodial, recibos de agua y luz a mi nombre y una carta detallando mis actividades que me obligan a viajar y no estar en mi casa cuando los técnicos realizan sus inspecciones. Esos son los documentos que tuve que presentar”, detalló Paredes.

Mientras que, Sonia, de la misma urbanización, lamentó que por unos cuantos malos adjudicatarios y por la falta de una adecuada fiscalización, estuvo a punto de perder su vivienda.

“Es cierto que hay irregularidades y que muchas personas aprovecharon este programa para hacer negocios. Pero también hay beneficiarios como yo que necesitan una casa. Por suerte pude demostrar que vivo en el lugar, pero por estos problemas la apertura de mi cartera de pagos se atrasó casi dos años”, se lamentó.

Números del programa

Espejo sostuvo que el PVS se encuentra funcionando en el territorio nacional y que en la actualidad son 149 los proyectos vigentes de los cuales se encuentran en La Paz 74, en Santa Cruz ( 41),en Beni (12) en Oruro (8). Cinco en Cochabamba; en Tarija (3) , en Pando (2) y uno en Potosí. En lo que va del programa, la autoridad precisó que se construyeran 11.743 unidades habitacionales.

En cuanto a los programas que lleva adelante la AEvivienda, Espejo detalló que son cinco los que están vigentes. Se encuentra el programa de vivienda cualitativa destinada a la mejora, ampliación y renovación de un inmueble. El proyecto está destinado a familias del área rural o urbana que cuenten con una casa propia, pero que la misma se encuentre en condiciones precarias de habitabilidad o genere hacinamiento.

Está el programa de vivienda nueva, destinado a personas que no cuenten con una casa propia. Se puede trabajar en el terreno del beneficiario, en uno comunal o en uno adquirido por el Estado.
El programa de comunidades urbanas está destinado a la construcción de viviendas unifamiliares o multifamiliares. La compra de la vivienda es al contado o al crédito. 

Verónica Nina, técnica 1 de seguimiento social de la AEvivienda Santa Cruz, sostuvo que el programa de atención de desastre se ejecuta a través de proyectos destinados a atender a familias cuyas casas fueron dañadas por desastres o fenómenos naturales declarados por el municipio como emergencia.
Finalmente, se cuenta con el programa de atención extraordinaria, que a criterio de Nina es el que más se debe desarrollar, pues está destinado a familias sin ingresos económicos, personas de la tercera edad, madres solteras, que tienen un terreno, pero viven en viviendas precarias (madera, carpas o chapas) en donde el hacinamiento es el común denominador.

La máxima autoridad de la AEVivienda informó que para esta gestión la institución cuenta con un presupuesto de Bs 1.417 millones que permitirá la ejecución de 19.277 viviendas con una inversión aproximada de Bs 1.332 millones.

Observaciones

Miguel Miranda, investigador de temas urbanos en el Centro de Documentación e Investigación de Bolivia (Cedib), explicó, en el portal PIEB, que el PVS llegó con la expectativa de concretar un nuevo ciclo de intervención del Estado en el tema vivienda, luego de que esa política fuera liquidada con el DS 21060 a mediados de los 80.

Según el investigador, el perfil del PVS se mostraba como una entidad dirigida desde el Estado, para beneficiar, especialmente, a sectores antes excluidos.
Sin embargo, Miranda hace notar que en la construcción de viviendas nuevas y soluciones habitacionales no se puede eludir el análisis del factor político en regiones de alta confrontación con la oposición.

En La Paz, el municipio con menor calidad de vivienda es Aucapata (casi en un 70%, según indicadores del INE), no mereció ninguna intervención; en cambio el municipio más favorecido fue Achacachi. 

En Santa Cruz, los municipios con peor calidad de vivienda son Gutiérrez y El Puente, pero los que se beneficiaron con la intervención fueron La Guardia, Pampa Grande y San Julián. 

Mientras que, de acuerdo con Miranda, observan que en Cochabamba, el municipio de Arque, está entre los últimos lugares de desarrollo humano y es zona ‘chagásica’, (alto índice de enfermos con Chagas), pero el programa habitacional se centró en los habitantes de Villa Tunari y Shinahota.

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