Aspectos político ideológicos e intereses económicos en múltiples áreas hicieron que, en la Cumbre Amazónica, el Gobierno de Bolivia fuera el principal opositor al establecimiento de metas comunes para preservar el principal pulmón vegetal del mundo, según fuentes del sector ambiental.

La alerta la lanzaron funcionarios brasileños que informaron sobre este extremo a BBC Mundo y a The Guardian, luego de que los presidentes de los países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) emitieran una declaración de 22 páginas y 112 puntos, ninguno de los cuales define metas conjuntas para evitar que la Amazonía llegue al punto de no retorno.

Este medio solicitó a la Cancillería información sobre la posición de la delegación boliviana en esta cumbre, en la que también participaron Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta edición.

“Las prioridades del Gobierno no están en la protección de la Amazonía, si no en la obtención de recursos económicos aún a costa de graves impactos ambientales y de la violación a los derechos de la Madre Tierra”, subraya Pablo Solón, director de la Fundación Solón, quien estuvo en el evento.

En su discurso, el presidente Luis Arce reconoció que los bosques ríos y selvas de la Amazonía enfrentan “una crisis estructural” y que el tema es “urgente”, por lo que planteó siete líneas de acción a seguir, ninguna que involucre metas comunes para disminuir el desmonte, menos para eliminarlo hasta 2030, un objetivo perseguido por otros países amazónicos.

“El discurso de nuestro presidente y de los demás jefes de Estado suena bonito, pero nosotros exigimos que lo practiquen. Se habla mucho de minería en nuestra región, pero vemos cómo la AJAM le otorga licencia a las dragas que ahora están contaminando y saqueando nuestros ríos”, expresa David Barba, presidente del Comité Defensor de la Vida Amazónica en el Río Madera, en contacto con la plataforma Desde la Acera.

El abogado ambientalista Rodrigo Herrera considera que la posición del Gobierno en estos temas es “ideológica” y económica. “Por casi seis años, Bolivia ha estado dirigiendo la OTCA, una organización bastante grande que en teoría cuenta con expertos, científicos y financiamiento para conservar el medioambiente, pero hasta ahora no vemos ningún tipo de protección efectiva”, afirma.

Al momento, la secretaria general de la OTCA es Alexandra Moreira, ex ministra de Medio Ambiente y Agua en la tercera gestión de Evo Morales.

“Es lo mismo de siempre, consultorías por aquí y por allá, pero sin propuestas concretas; y la OTCA es la instancia que más peso tiene en el Foro Panamazónico que se desarrolló el 8 y 9 de agosto. Esas son las consecuencias de tener ese tipo de representantes”, sostiene Herrera.

Solón considera que la Declaración Presidencial de la Cumbre Amazónica “en relación a la deforestación es muy pobre, porque no fija metas, plazos, mecanismos ni indicadores para reducirla”.

“Al igual que en Glasgow en 2021 (en la Cop26), hemos tenido que lamentar un discurso vacío e inefectivo por parte de las autoridades bolivianas”, evalúa Herrera.

Para el Gobierno boliviano, la actual situación climática es entera responsabilidad de los países del primer mundo y Bolivia junto con los demás países latinoamericanos “deberían limitarse a recibir el apoyo y a seguir contaminando sin ningún tipo de parámetro moral”, indica el ambientalista. 

Así, rechaza cualquier objetivo colectivo en este tema, “aduciendo que somos un país soberano y que, como no nos hemos desarrollado como lo han hecho ellos (el primer mundo), vamos a seguir cometiendo los errores que ellos han cometido, a pesar de que esto vaya en contra del interés común”, agrega.

Con 400.000 hectáreas de bosque primario deforestado solo en 2022 (32% más que en 2021), Bolivia es el tercer país en el mundo en desmonte de selva tropical y esto se debe a que el Gobierno permite o promueve en áreas protegidas actividades en los sectores de minería, hidrocarburos, energía, infraestructura vial, agro y urbanización, entre los principales.

Según el Informe de Evaluación 2021 del Panel Científico por la Amazonía, la explotación aurífera -una de las principales actividades en el norte de Bolivia- remueve bosques, perfora pozos y usa mercurio líquido, lo que representa “una gran amenaza para la biodiversidad amazónica, la calidad del agua, las reservas de carbono de los bosques y la salud humana”.

El documento indica que el desmonte ayuda a los mineros a establecer “reclamos territoriales definitivos” en estas zonas. “La situación se complica en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia por la industria de los hidrocarburos, que opera con concesiones subterráneas, incluso cuando las concesiones de recursos o tierras sobre la superficie se acumulan para otros (indígenas, por ejemplo)”. 

Además. “el sector de hidrocarburos, al igual que de infraestructura en general, proporciona vías de acceso a extensas áreas que pueden convertirse en sitios de apropiación de tierras”, muchas de las cuales son de indígenas.

Y un impacto similar tienen los proyectos de centrales hidroeléctricas y carreteras, que en gran medida se “están llevando a cabo sin tener en cuenta los impactos socioambientales acumulativos”.

Representantes de los pueblos de la Amazonía, reunidos en asamblea en el marco de la cumbre, habían propuesto proteger el 80% de su territorio hasta 2025 a través de un plan que garantice el cese de toda deforestación ilegal hasta ese año y alcanzar la deforestación legal cero hasta 2027. Otro de sus planteamientos fue frenar la expansión agropecuaria.

En Bolivia, el 9,6% de los territorios indígenas del país están en la cuenca amazónica, según el Panel Científico de la Amazonia.

Lino Illimuri, vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), que también fue parte de la cumbre, anticipa que el bloque indígena y campesino del norte amazónico boliviano evalúa la posición del Gobierno en el evento y “las acciones populares” que se presentarán contra la minería, la deforestación y el cultivo de palma aceitera en la provincia Abel Iturralde (La Paz), proyecto estatal de YPFB para la producción de agrodiésel.

De acuerdo con el Panel Científico, “el surgimiento de la Amazonía como la próxima frontera energética también cambió la composición social y espacial de la Amazonía andina, ya que el norte de Perú, Ecuador y Bolivia se han convertido en fuentes de empleo y especulación vial a partir de la producción de hidrocarburos, madera, oro y coca”.

Solón apunta que Brasil y Bolivia concentran el 90% de la tala de bosques en la Amazonia y “están llegando al punto de no retorno por este grado extremo de deforestación”. Sin embargo, Brasil ya tiene una política nacional para llegar a la deforestación cero hasta 2030, mientras Bolivia no cuenta con ninguna política al respecto.