1 de febrero de 2023, 4:00 AM
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En una supuesta reglamentación del Código de Tránsito, el Decreto Supremo 4740 obliga al trámite de una autorización para uso de vidrios oscuros en vehículos. El Ministerio de Gobierno, ante el que se debe hacer el trámite, advirtió que, tras cumplirse el plazo, comenzarán los operativos policiales contra quienes no tengan tal autorización.

Sin embargo, esta normativa nacional es inaplicable, dado que carece de validez: el Ejecutivo no tiene atribución para tal regulación. Únicamente el Órgano Legislativo podría establecer esa obligatoriedad, debido a la reserva de ley. El art. 14.IV de la Constitución (CPE) dice: “Nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban”, y el art. 109.II dice que los “derechos y sus garantías solo podrán ser regulados por la ley”. En interpretación de esto, el Tribunal Constitucional, en varios precedentes, ha dejado claro que prohibiciones y obligaciones solo pueden ser establecidas por leyes, y no por normas inferiores a ellas (SCP 680/2012, 1850/2013 y otros). De igual manera, las sanciones “al limitar derechos, tienen que serlo a través de una ley y no mediante un reglamento” (SCP 1053/2013, FJ.III.8).

El Código de Tránsito no prohíbe la circulación de vehículos con vidrios oscuros; tampoco obliga a una autorización. Los decretos son para reglamentar la aplicación de las prohibiciones, obligaciones y sanciones establecidas por las leyes, y no para generar restricciones como supuesta reglamentación. Eso porque a quienes la ciudadanía elige para normar es a los legisladores y no al presidente. A este se lo elige solo para ejecutar. Por esa razón, el art. 12.III de la CPE prohíbe delegar esas funciones legislativas al Ejecutivo.

Así, el Decreto 4740 y la reglamentación emitida por el Ministerio de Gobierno son nulos, dado que fueron emanados de una instancia no competente. Así lo establece el art. 122 de la CPE: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”. No puede, por tanto, el ciudadano pagar 615 bolivianos cada dos años por una autorización no prevista por una ley.

En caso de que la Policía imponga una multa, esta debe ser impugnada. Para esto basta una nota donde se expongan los fundamentos mencionados: que solo una ley puede restringir los derechos y las libertades ciudadanas.

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