6 de octubre de 2021, 5:00 AM
6 de octubre de 2021, 5:00 AM


Después de ningunear a la marcha indígena, mandar a la Policía a reprimir a los cocaleros de Yungas de Adepcoca y de negarse tozudamente a revisar el cuestionado proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Gobierno de Luis Arce dio un inesperado como sospechoso cambio, algo así como un llamativo golpe de timón, como suele decirse en nuestro país sin experiencia de navegación marítima, del cual aún se desconocen las motivaciones reales.

En las últimas horas se abrió a dialogar con la marcha indígena que llegó de Trinidad a Santa Cruz, después de que en voz del propio Luis Arce el Gobierno la desconoció, la acusó de estar manipulada por la derecha y de no representar los intereses de los pueblos indígenas del Oriente boliviano. En esa línea, ayer envió una comisión encabezada por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, pero la asamblea de pueblos indígenas decidió no concurrir a la reunión porque decidió ratificarse en su demanda inicial: solo dialogarán directamente con el presidente.

En La Paz, tras 15 días de violenta represión policial, el comité de autodefensa de cocaleros de Yungas que se manifiestan contrarios al Movimiento al Socialismo, retomó la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y con la fuerza de unos 30.000 cocaleros derrotó a la Policía y al Gobierno que salieron en defensa de otros dirigentes afines al MAS con el apoyo presencial de dos ministros de Estado, pese a que estos negaban reiteradamente la participación del Ejecutivo en una elección sectorial en la que ellos nada tendrían que hacer. En términos políticos, el Gobierno sufrió una evidente derrota ante los cocaleros de Yungas.

El tercer cambio se dio en el tratamiento del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, que tras una cerrada oposición de múltiples sectores del país quedó paralizada para supuestamente recoger las demandas de los sectores y consensuar el contenido de los artículos más polémicos.

Hasta antes de esa decisión, el MAS avanzó en la Cámara de Diputados contra viento y marea, sin escuchar las observaciones ni protestas, y aprobó la ley sin modificaciones para remitirla luego al Senado, donde ahora está detenida.

La gran pregunta del momento es ¿qué hay detrás de esos repentinos cambios de posición del Gobierno? ¿Se trata, acaso, de un impulso de racionalidad para escuchar, como ellos no suelen hacerlo frecuentemente, a los sectores involucrados en cada caso? ¿O es solo un cambio de estrategia para desactivar temporalmente tres frentes de conflicto para concentrar fuerzas en una de las batallas políticas más desafiantes que comenzará este jueves 7 de octubre con la citación de la Fiscalía para que el gobernador Luis Fernando Camacho declare por el caso de supuesto golpe de Estado?

En los 11 meses de la actual gestión, si a un tema el Gobierno le ha dado máxima prioridad, atención y ha concentrado la ocupación de al menos tres ministros de Estado ha sido a la tarea de reescribir la historia de octubre y noviembre de 2019 para poner en duda el fraude electoral de ese año y reemplazarlo con la teoría de un supuesto golpe de Estado. El gobernador Camacho ha sido un actor central en las movilizaciones y el paro de 21 días de Santa Cruz que logró la anulación de las elecciones y la renuncia de Evo Morales. Por eso en estas horas no se puede descartar nada.

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