7 de diciembre de 2022, 4:00 AM
7 de diciembre de 2022, 4:00 AM

Los avasallamientos de tierra son cada vez más numerosos y más violentos. Las organizaciones que ejecutan estas acciones actúan de forma planificada, con información precisa sobre los predios a ser tomados, con vehículos, combustible y armas que no dudan en disparar contra trabajadores, policías que a veces llegan a tiempo o periodistas que ponen en evidencia sus acciones. Las organizaciones de productores calculan que hay más de 100 propiedades invadidas, la mayoría en Santa Cruz.

Aparentemente, la sucesión de estos hechos ha llamado la atención del Gobierno. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que el 5 de diciembre se llevó a cabo un gabinete de tierra territorio, de donde emergió la posición oficial: “Rechazamos los avasallamientos porque es un delito de orden penal”. 

Sin embargo, las advertencias oficiales no afectan el ánimo de los avasalladores; probablemente porque saben que lo dicho ante las cámaras de televisión, a 600 kilómetros de distancia, no se reflejará en acciones concretas que restituyan la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra. Es más, en el caso Las Londras, se ha denunciado que los acusados del avasallamiento violento, secuestro y tortura que todos conocen son parte de los movimientos sociales afines al MAS, de lo que se puede concluir que actúan con temeridad porque gozan de protección. 

El 2 de agosto, en el Día de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria, celebrado en Ucureña, el presidente Luis Arce afirmó que no se debe “tolerar el avasallamiento y el tráfico (de tierras) venga de donde venga”, pero días después, en su informe ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, omitió este tema que causa honda preocupación. 

Así de “contundentes” suenan también las declaraciones del fiscal de Distrito de Santa Cruz, Roger Mariaca, quien anuncia comisiones especiales para investigar las denuncias. Pálido desempeño del Ministerio Público si se considera que, hasta la fecha, absolutamente todos los casos de avasallamiento, están impunes. Y tanto o más penoso es el accionar de la Policía Boliviana cuyos efectivos fueron agredidos, baleados o humillados y, por todo acto de justicia, solo tuvieron un cambio de destino. Para estos casos se crean aparatosas comisiones que demoran su accionar, pero para otros, que involucran a opositores políticos, la Fiscalía actúa con celeridad. 

Sin duda, el INRA es un agravante del problema; el director nacional, Eulogio Núñez, anuncia una lucha frontal contra el flagelo y advierte que el avasallamiento es un delito que contempla penas de tres a ocho años de cárcel; pero se niega a coordinar acciones con la Comisión Agraria Departamental. 

En síntesis, vivimos en un Estado que declara y reconoce derechos, pero no los protege y no los hace efectivos, y esa inacción puede derivar en enfrentamientos de imprevisibles consecuencias. 

En un país donde la justicia no funciona, cada quien opta por las acciones que considere pertinentes para preservar sus derechos. Y claro ¿qué se puede esperar de un Tribunal Agroambiental que acumula 1.435 casos en todo el territorio nacional, sin resultados que inspiren confianza en su labor? 

El caso de la provincia Guarayos es particularmente preocupante. Se trata de 1.343.647 hectáreas legalmente tituladas bajo el régimen de propiedad colectiva, la más grande de Santa Cruz. Son terrenos declarados fiscales, ricos en recursos, que despiertan la ambición de avasalladores que falsifican títulos de propiedad, organizan comunidades fantasmas y consiguen avales municipales, toda una organización delictiva. 

Existe el peligro inminente de que la lucha por la tierra se salde con muertes que pueden y deben evitarse porque es deber del Estado preservar la vigencia de la ley y el derecho a la vida. Mirar para el otro lado es simple y llanamente dejar todo a merced de los avasalladores. Entonces, ¿será que la tierra es de quién la avasalla?

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