Impunidad
El pasado lunes 13 de julio se cumplieron tres años del frustrado ataque a Eurochronos en el que murieron cinco personas, todas ellas por heridas de bala. Primero cayó el teniente Oscar Gutiérrez Valenzuela (32), con un disparo en la cabeza. Después, y bajo el registro de varios celulares de transeúntes que pasaban por el lugar, cae herida de muerte Ana Lorena Tórrez Torrico (34), gerente administrativa de la relojería. Tres de los atracadores son abatidos luego en el mismo lugar, en un confuso operativo policial que luego dio paso a graves denuncias de corrupción que involucraron a jefes policiales y fiscales.
La historia es larga y vergonzosa. Sin entrar por ahora en los detalles del tortuoso camino que siguieron las investigaciones para identificar a los policías que mataron a Ana Lorena y también para llegar a la verdad de los hechos que implicaban a los jefes policiales en el frustrado atraco, rescato dos evidencias expuestas por Roxana Torrico, mamá de Lorena, que dejan al descubierto la impunidad de quienes deberían estar purgando condenas por delitos cometido durante y después del atraco.
La primera evidencia: la Policía nunca abrió sumario interno para identificar y sancionar a los efectivos involucrados en el atraco, ni entregó a la Justicia a los tres identificados como posibles autores del disparo que mató a Lorena. A saber, Robert Ruiz Medina, Jorge Silva Salvatierra y Fernando Moreira Morón, como bien los recuerda hoy Roxana. La otra evidencia: el fiscal José Parra, encargado de la investigación y al que la Justicia envió a la cárcel de Palmasola con detención preventiva y luego concedió el beneficio de detención domiciliaria, ha sido reincorporado al Ministerio Público y ejerce como fiscal en alguna provincia cruceña, asegura también Roxana, que no cesa en su búsqueda por justicia.
Impunidad por todos lados, tanto en los hechos que afectan a particulares, como en otros que tienen mayor impacto en la población, como son las denuncias de corrupción en la administración pública. Este espacio queda corto para enumerar todos.
Pero la coyuntura obliga a que traiga al menos uno de ellos, porque tiene que ver con una decisión vital para la consolidación de este incipiente y accidentando proceso electoral, y de reconducción democrática: la impunidad de la que siguen gozando la cúpula del MAS y sus colaboradores. Aun hoy algunos dudan de que amerite una acción del TSE, ya no por el fraude electoral, sino por violar la ley electoral, que prohíbe la difusión de encuestas sobre intención de votos, tal como lo ha hecho el candidato presidencial del MAS.
Son los mismos que se han opuesto desde hace años, y particularmente desde octubre del año pasado, a cualquier acción judicial en contra de la sigla y de la cúpula del MAS. El principal argumento que esgrimen es que éste tiene una base militante a la que “no hay de provocar”, porque el país se incendia. En otras palabras, abogan por la impunidad de quienes abusaron de las prerrogativas del poder para cometer durante su gobierno, e incluso ahora, todos los ilícitos que quieran, a sabiendas de que gozan de ese privilegio.
¿Saben a qué me recuerda esta situación y los argumentos esgrimidos por los defensores de la impunidad del MAS y su cúpula? Al mismo que fue utilizado en los años ochenta, en los periodos de transición vividos sobre todo en nuestra región, tras el fin de dictaduras militares que dieron paso al regreso o recuperación de la democracia. Esto queda más claro releyendo las notas para la reflexión escritas por Wilder Rider, director jurídico de Human Rights Writch, tituladas “La problemática de la impunidad y su tratamiento en las Naciones Unidas”.
“En cada sociedad en transición se constató un clamor creciente para que aquellos sobre quienes recaían sospechas de haber participado en los abusos fueran investigados y castigados conforme a ley si su responsabilidad era establecida”, dice Rider. Sin embargo, añade, “la tendencia de los nuevos gobiernos constitucionales fue, mayoritariamente, la de confirmar la impunidad heredada de los regímenes anteriores. Para esto se dictaron nuevas leyes de amnistía que ampararon a los violadores, o se permitió que operaran otros mecanismos de la impunidad tanto en sus expresiones legales como de hecho.”
Diferentes escenarios, pero el mal sigue siendo el mismo: impunidad como moneda de trueque para lograr no solo la paz, sino también el resarcimiento de daños de las víctimas de los ilícitos cometidos durante el ejercicio del poder. Una lacra que mantiene a Bolivia en los últimos lugares del Índice de Estado de Derecho que publica cada año el World Justice Project. En 2019, Bolivia ocupó el puesto 119 de 126 países a nivel mundial y, peor aun, el puesto 20 entre los 30 de América Latina y el Caribe. Como van las cosas, nada nos lleva a creer que esto cambiará.
