Inadmisible intoxicación de brigadistas
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El reciente incidente en el que 27 brigadistas voluntarios de Santa Cruz resultaron intoxicados tras consumir alimentos provistos por la empresa Bioservice SRL no solo es alarmante, sino también inaceptable. Este suceso ha destapado una serie de irregularidades en la contratación del servicio de catering para el Servicio Departamental de Salud (Sedes) que requieren una investigación exhaustiva y una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes.
La situación es particularmente grave dado que estos brigadistas, quienes se encontraban en la primera línea de la campaña de vacunación antirrábica, sufrieron una “trasgresión alimenticia” que pudo haber sido evitada si se hubieran tomado las medidas adecuadas desde el principio. El hecho de que estos alimentos, fundamentales para el bienestar de los voluntarios durante la jornada, hayan sido suministrados en condiciones aparentemente inadecuadas, es un reflejo preocupante de la falta de control y supervisión en la contratación de servicios esenciales.
El secretario de Justicia de la Gobernación de Santa Cruz, Carlos Eduardo Correa, ha señalado la existencia de serias irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato a Bioservice SRL, una empresa que ya había sido contratada en 2023 bajo circunstancias que ahora están bajo escrutinio. La denuncia presentada ante la Fiscalía Departamental contra el representante legal de la empresa y un funcionario del Sedes, apunta a posibles delitos de atentado contra la salud pública e incumplimiento de deberes, lo cual subraya la gravedad de los hechos.
Es particularmente preocupante que un auxiliar administrativo del programa Zoonosis de la Gobernación, haya suscrito el contrato de manera irregular, aparentemente a título personal y sin la representación oficial de la Gobernación. Este tipo de manejos no solo pone en riesgo la salud de los voluntarios, sino que también socava la confianza pública en las instituciones encargadas de proteger el bienestar de la población.
La pregunta que surge ahora es: ¿Cómo es posible que una empresa con antecedentes de problemas en la provisión de alimentos haya sido contratada nuevamente en 2024? Este hecho sugiere una falta de transparencia y una posible connivencia entre funcionarios y proveedores, que debe ser investigada con la mayor rigurosidad. La Gobernación ya ha solicitado la documentación de contratación para esclarecer los hechos, y es crucial que este proceso se realice de manera abierta y transparente.
Además, la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud ha acusado directamente al Sedes de encubrir a la empresa responsable y de minimizar la gravedad del incidente. Esta acusación es seria y requiere una respuesta contundente por parte de las autoridades.
Finalmente, el gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, ha señalado que se están tomando medidas, como el cierre temporal de la empresa proveedora hasta que se esclarezcan las causas de la intoxicación. Sin embargo, estas acciones deben ser solo el comienzo de una reforma más amplia en la manera en que se adjudican y supervisan los contratos públicos, especialmente aquellos que afectan directamente la salud de la población.
Este incidente es una llamada de atención sobre la necesidad de transparencia, responsabilidad y un control riguroso en la gestión pública. La ciudadanía merece saber que sus autoridades están actuando con integridad y que los recursos públicos están siendo utilizados de manera adecuada y segura.
