3 de mayo de 2023, 4:00 AM
3 de mayo de 2023, 4:00 AM

La Gestora Pública de Seguridad Social de Largo de Plazo está en plena actividad. A partir del mes de mayo los aportes de los trabajadores activos van directamente a las arcas de la entidad y con ese paso el Estado toma el control absoluto del sistema integral de pensiones al que aportan, aproximadamente, dos millones y medio de trabajadores activos.

El traspaso del sistema de pensiones viene rodeado de mucha incertidumbre. De hecho, se consolida trece años después de la creación establecida por el Gobierno de Evo Morales con la Ley 065 de 2010.

Uno de los principales motivos para tanta demora fue una definición técnica. El Estado podía adquirir el sistema tecnológico de una de las dos AFP y migrar los datos, tarea compleja y muy morosa, pero decidió adquirir una plataforma propia, hecho que incrementó la demora en el proceso.

También es pertinente recordar que la compra del software para la Gestora estuvo afectada por sospechas de corrupción. De hecho, en 2020 se formalizó una denuncia penal por la suscripción de dos contratos irregulares, uno con la empresa panameña Sysde internacional Inc., por $us 5,1 millones, y otro con Heinsohn Business Technology, por $us 10,8 millones.

El principal involucrado en esa querella era el exministro de Economía y excandidato Luis Arce Catacora. Los elementos de convicción se sustentaban en una auditoría realizada entre 2017 y 2019. Nunca más se supo del caso que, posiblemente, quedó fondeado en el escritorio de algún fiscal, ante la elección del nuevo presidente del Estado.

Otro de los aspectos que causa preocupación entre los aportantes es quién y con qué conocimiento y respaldo profesional administrará un fondo de 23 mil millones de dólares. Posiblemente, ése sea el motivo de mayor preocupación. La Gestora se define como Empresa Pública Nacional Estratégica, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, pero funciona bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

En ese contexto, queda claro que las principales autoridades de la institución llegarán a ejercer el cargo más por aval político que por mérito profesional y posiblemente, de aquí a un tiempo, los funcionarios de la Gestora también sean persuadidos para asistir a manifestaciones políticas o para aportar “voluntariamente” al partido en función de gobierno. Con esa débil institucionalidad nada bueno se puede esperar de la administración. 

El Gobierno ha puesto en marcha su aparato comunicacional para justificar la inminente salida de las AFP de Bolivia con el argumento repetido de que el modelo “neoliberal” había fracasado en todo el mundo. Pero también es preciso recordar que en su momento la reforma de pensiones fue necesaria por los escándalos de corrupción en que incurrieron personajes como Dante Escóbar y otros que quebraron el antiguo modelo de solidaridad intergeneracional.

La gran pregunta es: ¿será posible mejorar las jubilaciones? Y la respuesta previsible y obvia es no, porque por lo menos hasta ahora no existe fórmula matemática que permita albergar tal expectativa independientemente de quién maneje tan cuantiosos recursos. Entonces, no es adecuado crear falsas expectativas.

En síntesis, rige a plenitud la administración estatal de los fondos jubilatorios que son propiedad de los aportantes y no de los administradores circunstanciales. Es ideal, aunque poco posible, que la Gestora tenga independencia de gestión y esté lejos de los apetitos partidarios y por supuesto se espera que los recursos sean administrados con eficiencia y transparencia. Parece pedir demasiado en estos tiempos, aunque siempre queda algo de esperanza.

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