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1 de diciembre de 2021, 5:00 AM
1 de diciembre de 2021, 5:00 AM

La doctrina constitucional ha desarrollado dos clases o tipos de inconstitucionalidad, la primera es aquella conocida como inconstitucionalidad de fondo, que permite verificar o evidenciar que la norma infraconstitucional, es decir, una Ley un Decreto Supremo o cualquier otra norma en su contenido normativo se opone o es contrario a la Constitución. Por otro lado, se produce la inconstitucionalidad o vicio de inconstitucionalidad de forma cuando no se han cumplido las normas constitucionales que regulan la formación de la ley o la norma.

En ese orden de ideas, durante estos últimos días en Bolivia se han venido produciendo movimientos sociales motivados fundamentalmente por que se acusa de que la ley 1407 que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, afectaría la autonomía de los gobiernos territoriales subnacionales y las universidades públicas, en consecuencia dicha ley sería inconstitucional, sin embargo no ha existido una adecuada explicación de las razones que fundamenten dicha postura.

Realizado el examen de constitucionalidad de la referida ley, mas allá de que la Ley 1407 pueda resultar contraria a la Constitución por el fondo porque retoma el carácter centralista del Estado, obviando el carácter autonómico de organización del poder político, restringiendo y limitando la gestión que puedan realizar los gobiernos subnacionales y el sistema universitario público; fundamentalmente, es inconstitucional por la forma por las siguientes razones:

La Constitución Política del Estado en su capítulo referido a la Función del Estado en la Economía, delimita el accionar del Estado central cuando en su Art. 316 numeral 1 dispone que esta función consiste en: “Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales”, y en el numeral 9 dispone que el plan general de desarrollo se la deba realizar con participación y consulta ciudadana.

Finalmente el Art. 317, de la norma supra legal, dispone que: “El Estado garantizará la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada”.

Entonces podemos señalar que, la norma fundante de la Ley 1407 como es la Constitución, establece la forma y manera en que se debía construir esta disposición legal, determinando que esta debe ser con participación y consulta ciudadana, para cuyo efecto se debía establecer la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

Lo evidente es que muchos de los gobiernos subnacionales excepto los afines al oficialismo habrán podido participar en la elaboración de esta ley tan cuestionada, y peor aún el sistema de la universidad pública y, además de no tenerse constituida la entidad de planificación participativa, que seguramente debiera estar conformada por las unidades territoriales de los gobiernos subnacionales y el sistema público universitario entre otros, lo que motiva los cuestionamientos a la vigencia de esta ley.

En el escenario expuesto, lo que simplemente queda es que alguna autoridad legitimada por ley formule la acción de inconstitucionalidad abstracta por la forma contra la referida norma a objeto de que el Tribunal Constitucional Plurinacional la declare inconstitucional, con efecto derogatorio, siendo esta la fórmula para que los movimientos sociales generados cesen en nuestro país y se elabore otra norma cumpliendo los mandatos de la Constitución Política del Estado.

César Cabrera Román  es Abogado



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