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Cinco especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conforman el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia). El equipo inició ayer su trabajo de investigación que tendrá tres ejes: análisis técnico a la indagación realizada por autoridades bolivianas, elaboración de planes de investigación enfocados en la violación de derechos humanos y, el central, realizar un plan integral para las víctimas de los conflictos sociales del año pasado.

La comisión está compuesta por Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert. Asimismo, el chileno Jaime Vidal trabajará como secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia. La delegación arribó ayer a la ciudad de La Paz y de inmediato firmó en Cancillería un protocolo de trabajo con autoridades del Gobierno.

El GIEI-Bolivia enfocará su investigación desde lo sucedido el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019. Su trabajo durará seis meses y en el caso de que necesite más tiempo se podrá firmar un protocolo complementario para terminar con la indagación.

“El acuerdo prevé tres actividades centrales. Uno, realizar un análisis técnico de las líneas de investigación adoptadas por las autoridades bolivianas para determinar responsabilidades penales, civiles y/o administrativas. Dos, elaborar planes de investigación referidos a los actos de violencia y violación a los derechos humanos. Tres, aportar un análisis técnico de plan de atención integral a las víctimas de los hechos”, explicó Julian Burger, experto de origen inglés.

Tappatá, que nació en Argentina, afirmó que el GIEI-Bolivia centrará su investigación en la atención a las víctimas. La experta dijo que no habrá hechos prioritarios para investigar, sino que se abordará todos los acontecimientos sucedidos después de las elecciones del año pasado.

“El GIEI viene para cooperar con la consecución de la verdad y el trabajo de las autoridades del Estado (de Bolivia); sin embargo, su labor tomará en consideración la centralidad del sufrimiento de las víctimas”, detalló Tappatá.

El grupo que llegó a Bolivia garantizó que su trabajo será “independiente e imparcial” y anunció encuentros con víctimas y testigos, autoridades, así como con organizaciones de la sociedad civil respetando las normas sanitarias de cuidado que exige el contexto de pandemia. “Además, se recurrirá a cualquier fuente de investigación que considere relevante, además de las que le proporcionen sus contrapartes en el Estado y las organizaciones de la sociedad civil boliviana”, dice un comunicado de prensa de la CIDH.

Mientras, el experto brasileño Marlon Weichert insistió en que el trabajo que hará cada uno de los expertos será independiente. “Este es un grupo de independientes seleccionados por la CIDH, pero actuamos en nombre personal, no representamos a nuestros Estados de origen, tampoco a la CIDH, somos un cuerpo con independencia”, sostuvo el especialista.

Labor independiente

En el comunicado se destaca que el trabajo del GIEI-Bolivia no está limitado a hechos específicos y que su labor puede alcanzar distintos “actos de violencia y violación a los derechos humanos cometidos durante el periodo asignado”. Se ratifica que el trabajo del grupo tendrá un mandato de seis meses y que podrá extenderse previo acuerdo de las partes por el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de su objetivo.

El ministro de Justicia, Iván Lima, garantizó que el trabajo del GIEI-Bolivia será independiente y que los niveles del Estado y las instituciones públicas entregarán toda la información solicitada para la investigación del grupo.

“Vamos a garantizar de forma absoluta su independencia, su acceso a toda la información que sea requerida. Es un compromiso del Gobierno de Bolivia que los archivos de las Fuerzas Armadas, los archivos de la Policía, y de todos los órganos de la justicia y el Ministerio Público sean accesibles para su trabajo”, afirmó Lima.

Por su parte, el canciller Rogelio Mayta pidió que la justicia llegue para las víctimas de los hechos del año pasado y comprometió su apoyo al GIEI-Bolivia mientras dure su investigación. “No podemos tener reconciliación si no hay justicia, no podemos tener reconciliación si las víctimas de esos sucesos no encuentran la respuesta a su clamor de justicia, y eso es lo que estamos empezando a construir hoy día, a través de la suscripción del protocolo, a través de la presencia de los expertos internacionales”, detalló el ministro de Relaciones Exteriores.

El año pasado, luego de las elecciones del 20 de octubre se vivió un clima de violencia producto de las denuncias de fraude que favorecieron supuestamente al Movimiento Al Socialismo (MAS) y a su candidato presidencial de ese entonces, Evo Morales. El exmandatario renunció a la Presidencia el 10 de noviembre de 2019 con dos muertes en Montero. Luego se vivieron días difíciles en El Alto y Sacaba, especialmente. Pero además pasaron hechos complicados en la sede de Gobierno con la quema de casas de algunas personalidades, como Waldo Albarracín y Casimira Lema.

Entre el 22 y 25 de noviembre del año pasado, una comisión de la CIDH llegó al país para obtener información de lo sucedido en Senkata, Sacaba y algunas zonas de Cochabamba.

“En base a toda la información recolectada, la comisión encontró fuertes indicios de graves violaciones a derechos humanos cometidos en el curso de la contención y represión a las protestas, a manos de agentes del Estado”, dijo la CIDH en ese entonces. La comisión no verificó lo sucedido en otras zonas, como Montero, donde hubo dos muertes producto de bala, provocada por dos grupos: militantes del MAS y quienes apoyaban el paro cívico.

En la gestión de Áñez

El ministro Lima aseguró que si bien el acuerdo con la CIDH fue firmado en la gestión de Jeanine Áñez no hubo la “intención” del anterior Gobierno para que la comitiva llegue a investigar los hechos del año pasado. Esa denuncia fue desmentida por la excanciller Karen Longaric, quien detalló que en su mandato se hizo todas las gestiones para que la delegación internacional arribe al país.

Lima garantizó que las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana entregarán información al grupo para que pueda iniciar su investigación. Estas instituciones fueron apuntadas por el MAS cuando sucedieron los hechos de violencia por el uso de armas de fuego. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, anunció la semana pasada que los efectivos militares no se opondrán a la indagación de la CIDH.

En la gestión de Jeanine Áñez, el entonces ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, pidió que Patricia Tappatá y Juan Méndez se aparten de la investigación por considerarlos con tendencia política a favor del MAS. Aun así, la excanciller Longaric firmó el documento de acuerdo para que la CIDH realice la investigación de los hechos.

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