Opinión

Indemnización a los fallecidos en Montero

6 de noviembre de 2019, 3:00 AM
6 de noviembre de 2019, 3:00 AM

El pasado 30 de octubre, a las 9:30, afines al partido de gobierno, portando petardos, objetos contundentes y armas blancas y de fuego, ingresaron por el Puente de la Amistad, con la finalidad de enfrentarse a pobladores de la zona, hasta que, en horas de la noche, al interior de la ciudad de Montero, protagonizando saqueos de comercios, domicilios, y otros, imponiendo gran zozobra a la población, amén de herir a personas del lugar y producir la cruel muerte de dos personas.

Ante la identificación de los posibles autores y su aprehensión por parte de pobladores, por orden judicial, los mismos fueron detenidos en Palmasola, basados en indicios probatorios suficientes de la comisión del delito y la participación criminal de los inculpados, consistentes en topografía facial, pruebas de guantelete, valoración de teléfonos donde se corroboró archivos de mensaje de texto e imágenes que prueban que existió una preparación previa para la ejecución de los hechos, así como una planificación para ocultar los indicios probatorios. 

Sin embargo y a pesar que les cabe el derecho a la Reparación del Daño y Perjuicios Emergentes, art. 113.3 de la Constitución, hasta la fecha no se ha previsto dicho actuado.

Consiguientemente y para determinar a los responsables, tanto de la autoría criminal como de la indemnización, se tiene que a pesar que las investigaciones penales, basadas en los informes policiales, se las realizan por el indebido delito de homicidio y no así, por el de asesinato, tomando en cuenta “La Previa Preparación del Delito”, a la que la Policía ya arribó, y que denota que los imputados contaron con el apoyo de terceras personas, sea en grado de autoría intelectual, coautoría, instigación y complicidad.

De ahí que y en el esclarecimiento de dichos crímenes, los investigadores deben considerar las diferentes manifestaciones de personeros actores del Gobierno, ya que en días pasados manifestaron “…Cerco a las ciudades, para hacerse respetar y a ver si aguantan”; aparejado a ello, está el ataque a dinamitazos en La Paz por parte de seudos mineros (fueron vistos de tenis, les repartieron cascos y comida) y donde se evidenciaron a diferentes representantes del Estado; otros actores estatales, manifestaron que Bolivia sería un Vietnam; así como, defenderían el proceso de cambio contra quién y preguntó a los padres de los jóvenes que participan en las protestas si estaban dispuestos a sacrificar a sus hijos hasta la muerte; son elementos que se constituyen en parte de dicha “Previa Preparación del Delito”.

Véase que la Policía considera autora intelectual a un diputada del MAS; uno de los aprehendidos sería su hermano; el otro, jefe de juventudes de dicho partido y que fue visto transportado por un vehículo policial el día de los hechos (aunque la policía niega tal acto aduciendo similitud del mismo con un policía).

Concluyentemente, evidenciada la vinculatoriedad entre los sucesos de Montero y las manifestaciones y hechos, incididos por personeros del Ejecutivo y de su partido político, es que, y acorde a lo reglado por el Código penal –art. 22, “Es instigador el que dolosamente determine a otro a la comisión de un hecho antijurídico doloso. 

Será penado con la pena prevista para el autor”, corresponde que el Estado boliviano se haga cargo de la reparación de los daños y perjuicios emergentes, repitiendo contra los autores, instigadores y cómplices de los luctuosos hechos producidos en Montero; en virtud, a que tal reparación es un derecho humano y fundamental, según el art. 63.I, Convención Americana de Derechos Humanos, por el que la víctima es acreedora a la restitución, rehabilitación, indemnización, medidas de satisfacción y garantías de no repetición.

 



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