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Reunidos en Jacha Marcka Tapacarí Cóndor Apacheta, en la provincia Poopó, en Oruro, originarios de tierras altas y bajas se reunieron en un tercer congreso organizado por la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), que en tres años ha pasado de aglutinar 11 a 37 pueblos en resistencia.

Del total de miembros, el 50% tiene problemas con actividades relacionadas a la extracción minera. Probablemente una de las que en mayor auge se encuentra es la del oro, debido a que las exportaciones se han disparado.

Un informe del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), arrojó que entre 2006 y 2019 la minería generó 40,9 mil millones de dólares, y que sin embargo dejó tan solo un 4,4 % en regalías.

El mayor problema hoy es la presión que se empieza a ejercer desde los actores mineros hacia las zonas consideradas de protección. En su pronunciamiento, los miembros de Contiocap hablan de una “brutal arremetida en los últimos meses” y llaman al país a sumarse a la denuncia y la indignación, que deja despojo en los pueblos y devastación en la naturaleza.

Del mismo modo, rechazan el avasallamiento de una serie de negocios, entre ellos la minería, etc., “con aval del Estado y sus instituciones”, aludiendo al INRA, la Autoridad de Fiscalización de Bosque y Tierra (ABT), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

Poder minero

Ya en su informe, el Cedib reconoció mayor poder minero, con protagonismo de los cooperativistas, y presiones estatales que lograron cambios en la normativa, una de ellas, la Ley 535 de Minería y Metalurgia, de 2014, que deja a la consulta previa a los pueblos originarios como una figura decorativa, y que además, en su artículo 220, deja explícito que los actores mineros pueden realizar sus actividades en áreas protegidas (AP).

Los cooperativistas mineros auríferos, afiliados a Fecoman y Ferreco, presentaron una solicitud para viabilizar “derechos mineros preconstituidos” en cuatro áreas protegidas: Apolobamba, Cotapata y Madidi, y que está siendo analizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

El informe técnico del Sernap establece que de los 93 trámites de adecuación de derecho minero preconstituido, 60 podrían prosperar.

Asimismo, luego de que los cooperativistas mineros mandaran cartas al Sernap, pidiendo la destitución de Marcos Uzquiano, ex jefe de protección del Parque Nacional Madidi, este fue trasladado a otra área protegida.

“¿Qué esperan de un guardaparque señores de las cooperativas? Que los esperemos con guirnaldas ante el incumplimiento normativo ambiental y contaminación del río Tuichi , al ingresar maquinaria pesada y desarrollar actividades mineras sin licencia ambiental ni autorización del Sernap?”, publicó Uzquiano en esa oportunidad.

Consultado sobre el tema, Teodoro Mamani, director del Sernap, dijo que al iniciar su gestión encontró varias cooperativas y empresas mineras dentro del parque Madidi y el río; negó que él hubiera autorizado, como lo acusan algunos. “Esto ya había sido concesionado en anteriores gestiones, están trabajando con la maquinaria pesada, algunos legalmente y otros no”, dijo.

Mamani también reconoció las fuertes presiones del sector minero. Explicó que los mismos comunarios de la zona tienen cooperativas mineras y que lo han amenazado. “Me dieron plazos, y han amenazado al hermano Marcos Uzquiano”, admitió.

A pesar de la presión, Mamani aseguró que las áreas protegidas no se abrirán cuando los mineros quieran. Aclaró que los planes de manejo de estas áreas de protección solo se tocan cada diez años. “Yo haré cumplir lo que dice el mandato de las AP”, aseguró.

Enfermedad y migajas

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, desde 2015 hubo un crecimiento extraordinario en la importación de mercurio, esencial para la explotación del oro. Fue de casi 12 veces en relación al valor del año previo, se llegó a un pico histórico en las importaciones de 151,5 toneladas de mercurio ese mismo año y de 238,3 en 2016. Entre el 2015 y el 2019, Bolivia importó legalmente un total de 990,9 toneladas.

Bolivia ocupa el segundo lugar mundial en importación de mercurio, a pesar de haber firmado el Convenio de Minamata. “La actitud del Gobierno boliviano es contraria a los compromisos asumidos en el convenio de Minamata. Es más, hace un par de años, mediante nota escrita, el Gobierno da cuenta de que acá no hay problemática relacionada con el consumo e importación de mercurio, señalando que la actividad minera de aprovechamiento del oro es artesanal y de pequeñas consecuencias, irrelevantes”, dijo Alex Villca, vocero de Contiocap.

Desde su experiencia, además, como operador turístico, Villca dijo que con el paso de los años, y por su constante contacto con los indígenas esse ejja, que viven del río en las márgenes del río Beni, ha notado una serie de sucesos, como dificultad para contener la saliva, protuberancias en el cuerpo y problemas entre las mujeres en etapa fértil.

Adicionalmente, dijo que los pueblos no reciben beneficios de esta explotación, que en la mayoría de los casos está en manos extranjeras, y que va acompañada de una problemática social grave, como la prostitución y la trata y el tráfico de personas.

Óscar Campanini, director del Cedib, indicó que el metilmercurio se convierte en un grave problema para la salud, ya que en la explotación del oro en los ríos, termina en los peces, que finalmente son consumidos por el ser humano. “El metilmercurio es bioacumulable en el organismo, el cuerpo no puede deshacerse de esta sustancia tóxica, que puede ocasionar niños con problemas neurológicos, incapaces de valerse por sí mismos”, alertó.

En 2001, un estudio de la investigadora Laurence Maurice-Bourgoin, evidenció que los pobladores de las riberas del río Beni presentaban niveles de mercurio por encima de los permitido, entre 1,1 y 13 PPM, mientras que el máximo tolerable es de 1 PPM.

La Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN), que trabaja en 100 países para que se cumpla el convenio de Minamata, investigó la exposición al mercurio de las mujeres en cuatro países latinoamericanos productores de oro. Reveló que en 60 de 64 mujeres de dos comunidades de la etnia esse ejja, los niveles de este metal pesado son “muy elevados”.

En 2016, según el sitio especializado en medio ambiente, Mongabay Latam, un estudio científico realizado en diez ríos de la Amazonía boliviana confirmó que varias especies de peces están contaminadas con mercurio, y con ellos también los indígenas lecos.

Pero el problema no solo se queda en Beni y La Paz. En Santa Cruz, en San Ramón y en Guarayos, la extracción minera también cobra cuerpo.

Serafín Justiniano, fundador de la Central de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), dijo que hay brasileños, interculturales y colombianos explotando el oro en la TCO Guarayos sin que los comunarios reciban beneficio alguno, pero además sin permiso de los originarios. Según él, ya identificaron a los dirigentes que negociaron y recibieron algún tipo de soborno para permitir esto, y lamentó que nada de eso llegue a los dueños del territorio.

Justiniano, además, confesó que por denunciar todo tipo de abusos, en diversos temas, fue secuestrado y que le hicieron de todo.

Manuel Duri Guayabo, capitán takana en la TCO Takana 2, en Pando, informó que la explotación del oro, que a ellos tampoco les reporta beneficio alguno, está afectando el cauce de los ríos, dejando barrancos, eliminado playas, y además la aparición de protuberancias en los peces.

“Barranquean con maquinaria pesada, no es con pala, son hartísimos. Hemos reclamado y nadie responde. Esa gente tira sus desechos al río, hasta la madera la están sacando sin permiso los explotadores del oro”, denunció.

Nueva ley del oro

El tratamiento del proyecto de ley 213 del oro de producción nacional y destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales, fue agendado para la semana 11 a 15 de octubre en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Según un ex director del Banco Central de Bolivia, que prefirió no dar su nombre, y que hizo un análisis del proyecto para la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), explicó que el principal objetivo de éste es lograr la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para el uso de las reservas internacionales en oro, ante la falta de liquidez que se enfrenta.

“La CPE establece que toda operación de endeudamiento que se haga con activos nacionales y que comprometa rentas futuras del Estado, debe pasar por aprobación legislativa”, dijo.

De acuerdo al experto, ya existe una norma que facilita la compra de oro por parte del BCB y que la actual tiene que ver con levantar las restricciones del BCB en la Ley Orgánica del Banco, para usar las reservas internacionales de oro. También dijo que gran parte del oro que se produce es ilegal y que se ‘blanquea’ en la comercialización.

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