Infiltrados

El país está cayendo en un estado de anomia tal que los delitos ahora son cometidos por servidores públicos, a plena luz del día, y, en ocasiones, hasta por autoridades.
En noviembre del año pasado, en medio de las protestas del comité cívico, el entonces presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, Marcial Ayali, se puso al frente de los grupos de choque que salieron a las calles con el fin de desbloquearlas a punta de patada.

Mujeres y ancianos estuvieron entre los afectados.
El 9 de agosto recién pasado, fue un ministro, el de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien se puso al frente de grupos de choque, esta vez en Santa Cruz, para hacer lo mismo en la capital oriental.
¡La política del “meterle nomás” se convierte en política de Estado!

Aunque parezca un contrasentido, la vulneración de la ley se está convirtiendo en la norma y eso también pasó en La Paz con el director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Marco Antonio Cuentas, que se disfrazó de periodista, con credencial incluida, para infiltrarse entre los informadores que cubrían los enfrentamientos entre policías y cocaleros de Adepcoca. Lo que hacía era fotografiar a los productores de coca, con el presunto fin de identificarlos y facilitar su posterior detención, quizás para presentarlos públicamente, como le gusta hacer al ministro Del Castillo.

Vestirse como periodista, y hasta ponerse a trabajar en algún medio para ese fin, era una táctica que usaban las dictaduras militares para conseguir información de manera subrepticia. La diferencia con lo que pasa ahora es que Cuentas lo hizo de frente, como si él y los suyos ya estuvieran acostumbrados a actuar al margen de la ley.
Y, como no se trata de ser insidioso, habrá que admitir que a nivel de las actuales autoridades existe un alto grado de desconocimiento de la ley, así que habrá que instruirles un poco:

El artículo 164 del Código Penal boliviano advierte que “el que indebidamente ejerciere una profesión para la que se requiere título, licencia, autorización o registro especial, será sancionado con privación de libertad de uno a dos años”.

Se trata, entonces, de un delito, tipificado como “ejercicio indebido de profesión” cuando no concurre por lo menos uno de tres requisitos: 1) título, que, en el caso del periodismo, puede ser el que confieren las carreras universitarias de ciencias de comunicación y/o información o uno equivalente extendido por el Estado boliviano; 2) licencia, que es la que expiden los colegios de profesionales o las credenciales expedidas por organizaciones de periodistas; y 3) registro especial, que son las listas de afiliados de esas organizaciones.

Quien ejerza el periodismo sin uno o más de esos elementos, está cometiendo el delito de ejercicio indebido de profesión y debe ser procesado penalmente. Claro que eso funciona en un Estado de derecho. Sobre la actual Bolivia, yo tengo mis serias dudas.