28 de mayo de 2023, 4:00 AM
28 de mayo de 2023, 4:00 AM

La caída de una institución de intermediación financiera tiene repercusiones muy significativas en diversos ámbitos de la vida económica de un país. Ahorristas, prestatarios, funcionarios del propio banco, las operaciones empresariales y hasta el mismo sistema financiero se ven afectados de alguna manera por la onda expansiva del referido evento. De ahí que la información proporcionada por las fuentes oficiales debe ser muy rigurosa y técnica, además de ágil y oportuna. Dentro de un marco de respeto a personas, instituciones y procesos, la información debe fluir para comenzar a dar luces dentro de este panorama complejo.

Luego de la intervención del Banco Fassil, los primeros en reclamar información fueron sus ahorristas, por su genuina preocupación de no poder contar con sus propios recursos para sus necesidades financieras. Pese a que las autoridades de la ASFI aseguraron desde un principio que la devolución de esos depósitos estaba garantizada, los ahorristas demandaban conocer el cómo, cuándo y dónde de dicha operación. Por supuesto que no es tarea sencilla transferir cuentas y carteras crediticias a otras instituciones bancarias, pero en el presente caso se tardó casi un mes en dar las respuestas esperadas.

Los siguientes afectados en sufrir la incertidumbre fueron los cerca de 4.500 trabajadores del banco intervenido. No se les dijo de entrada cuál sería su situación laboral ni cuándo se pagarían sus sueldos y beneficios sociales. Se entiende que estos pagos deberían salir de la venta de los bienes patrimoniales de su exempleador, pero la única señal que vieron al inicio del proceso fue la utilización de algunos de esos inmuebles por parte de otras instituciones bancarias. Ellos han tenido que recurrir a la protesta para hacerse escuchar.

Quizá la información más delicada tenga que ver con aquellos factores que provocaron la caída del banco. Si las autoridades competentes lo intervinieron es porque allí han encontrado indicios de irregularidades y de manejos dolosos, los mismos que deberán ser investigados para establecer responsabilidades. Datos preliminares involucran a altos funcionarios del banco y a un número determinado de prestatarios y empresas en la otorgación de supuestos créditos vinculados y en otras figuras dolosas.

Como en todo proceso jurídico, sin embargo, será la justicia la que valore esos indicios, siente las demandas y lleve adelante los juicios hasta la resolución final, todo en el marco de la Constitución y las leyes. Cualquier información condenatoria o juicios de valor vertidos fuera de las formalidades de un debido proceso, se presta para la manipulación política de gente que quiere llevar agua a su propio molino. 

El vocero de la Presidencia ha incurrido en tal exceso. Las sospechas de comisión de delitos que pesan sobre ejecutivos y prestatarios del banco intervenido le han servido al vocero para hacer generalizaciones totalmente inapropiadas, como lo son casi todas las generalizaciones. No sólo que ha vulnerado el principio de presunción de inocencia de los involucrados, sino que también ha echado sombras sobre el modelo de negocio cruceño y sobre una supuesta casta de empresarios cruceños. Sus apreciaciones no dejan de ser una falta de respeto a esa gran mayoría de cruceños que trabaja y produce honradamente y que no tiene nada que ver con lo sucedido en el Banco Fassil.

Aquí no se trata de coartar la libertad de expresión, sino de poner todo en su debido contexto. Y son las instancias competentes –llámense ASFI, UIF, interventores, fiscales o jueces– las que deben proporcionar la información precisa y oportuna en cada uno de los pasos del proceso. El retorno de la normalidad y de la confianza depende, en gran medida, de esa calidad informativa.

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