Informe de la ONU muestra las fallas estructurales de la justicia boliviana
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, y de dirigentes de la Csutcb, niegan que el informe sea un señalamiento o una acusación de que el Ejecutivo comete injerencia. “Lean el documento”, dice Lima
Políticos y expertos coincidieron en que el informe redactado por el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, muestra en el escenario internacional los gravísimos problemas de injerencia política y corrupción por los que atraviesa la justicia boliviana.
El abogado y exalcalde paceño Juan del Granado aseveró que más allá del lenguaje inevitablemente diplomático que utiliza en su redacción el informe de García-Sayán, este refleja una radiografía muy clara y precisa de la dramática crisis que vive la justicia boliviana “que enfrenta un problema gravísimo, una tragedia que vive el país hace varios años. Yo hablo de una crisis centenaria agravada en este último tiempo”.
Pero, para Del Granado, lo más relevante “es que de manera oficial Naciones Unidas señale que tenemos una justicia con gravísimos problemas de injerencia, corrupción, entre otros. Destaco, en ese sentido, que el informe tiene conclusiones y recomendaciones que hace este organismo y que el Estado boliviano debe atender ahora para su cumplimiento.
El diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, coincide y señala que el informe establece los grandes problemas de la justicia. “Ojo, ya no lo dice cualquiera, es un informe de Naciones Unidas, tiene el peso más importante a escala regional y mundial. Lo suscribe el organismo más representativo en la defensa de derechos humanos”, señaló.
Recordó que la ONU nació en respuesta a las violaciones atroces a los derechos humanos como consecuencia de la II Guerra Mundial y el holocausto nazi.
Por su lado, la expresidenta Jeanine Áñez destacó el elemento citado por Juan Del Granado. “Reporta a la ONU sobre la injerencia política y corrupción en el sistema judicial en Bolivia, preocupado por la existencia de delitos ambiguos, como terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes, abuso de prisión preventiva y el derecho a un juicio justo” para ella.
El gobernador de Santa Cruz y líder de la agrupación Creemos, Luis Fernando Camacho, aseguró que coincide con lo que él y su agrupación política denunció: “El Gobierno del MAS ha politizado el sistema judicial hasta convertirlo en el más corrupto de la historia de Bolivia”.
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, desvirtuó que el informe sea “un señalamiento de que en el país hay injerencia”. Conminó a los críticos del Gobierno a que se tomen el trabajo de leer el informe completo antes de comentarlo.
Sin embargo, también hubo críticas al informe, especialmente de sectores afines al MAS. El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Humberto Claros, dijo que García-Sayán también debería hablar de cómo la justicia ha servido a favor del golpe de Estado (2019).
“No hay ningún tipo de injerencia del Poder Ejecutivo en la justicia. Si la hubiera, en este momento la señora Áñez debería estar encarcelada (lo está hace más de un año) y con condenada hace rato y todos los golpistas tras las rejas, pero no pasa eso, entonces el que está cometiendo injerencia en asuntos internos de Bolivia es el señor relator, no el Ejecutivo”, afirmó Claros.
El expresidente Carlos Mesa, en su clásico estilo conciliador, celebró que el informe del relator García-Sayán coincida con Comunidad Ciudadana en la urgencia de alcanzar un gran acuerdo nacional para reformar la justicia que es una demanda de todo el pueblo. Está en manos del Gobierno obedecer este pedido o terminar de sepultar la justicia y el derecho en Bolivia.
