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El problema de la tenencia de la tierra y su disputa violenta sigue quitándole el sueño a los productores de Santa Cruz, que buscan una solución a un drama crónico que desde hace años afecta al departamento.

Adalberto Rojas, director regional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Santa Cruz, salió al paso de los reclamos de los agropecuarios acusándolos de engañar al Estado para adjudicarse tierras.
Respondió así a los soyeros que en la víspera pidieron a la entidad garantizar la tenencia y producción, incluyendo el desalojo.

Rojas remarcó que se está trabajando en las denuncias por la toma ilegal de tierras, a tiempo de mencionar que de ninguna manera se van a validar las  acciones violentas e ilegales que han puesto en alerta a los productores en Santa Cruz.

El director del INRA pidió respeto a las leyes, tanto al grupo de interculturales señalados de provocar violencia en los predios de Guarayos y de San Julián, como también a los empresarios, que, de acuerdo con la autoridad, quisieron engañar al Estado.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Rojas sostuvo que en el predio de Guarayos el dueño había dividido sus tierras en nueve parcelas, con la intención de conseguir una mayor extensión. Y lo mismo habría sucedido en San Julián, donde supuestamente el propietario dividió sus tierras en 10 parcelas y las registró con el apellido de sus parientes con el objetivo de burlar la ley y al Estado boliviano.

No se van a permitir los avasallamientos (ocupaciones ilegales), pero tampoco permitiremos que se engañe al Estado”, enfatizó el director regional del INRA.

El disparador para abordar el tema, fue el pronunciamiento del presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores, que expresó su preocupación por los hechos de violencia a causa de la toma de predios agropecuarios, que dejaron agricultores, trabajadores y policías heridos.

Por esta razón, Flores precisó que la toma violenta de tierras es un delito y debe ser tratado como tal por las autoridades, independientemente de que el predio esté en proceso de saneamiento o titulado. “Por mandato legal, toda persona que avasalla (toma ilegal de tierras), así como sus cómplices y encubridores no pueden ser beneficiados con tierras fiscales por el Estado”, observó Flores.

También agregó que el INRA, ante la evidencia de la invasión, debe presentar ante la Comisión Agraria Departamental, un informe sobre el estado del proceso de saneamiento, titulación y distribución de tierras.

Fueron distracciones

Sobre el pedido de Flores, Rojas remarcó que se está trabajando sobre las solicitudes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y que las notificaciones a la CAD es algo superado por lo que en su criterio, no procede.

Ante la consulta de que si el INRA Santa Cruz, fue rebasado por los diferentes grupos de personas dedicadas al ingreso ilegal a tierras productivas, Rojas aseguró que no hubo tal situación, sino que fueron distraídos por la Gobernación de Santa Cruz al tratarse en la CAD y también por la marcha de los indígenas del oriente.

Al director del INRA se le hizo notar que la marcha de los indígenas del oriente justamente es por el respeto a sus tierras y para que sea frenado el ingreso ilegal de algunos grupos de interculturales.

“Espero que no haya soberbia y que los marchistas entreguen su pliego petitorio a la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), como tiene que ser”, precisó el director del INRA regional, que aprovechó para observar que no hacía falta marchar desde Beni y tratar de entregarle un pliego petitorio cuando lo correcto era hacerlo a la regional INRA de Beni.

En cuanto a la reunión solicitada por Anapo, Rojas dijo que hay predisposición para el diálogo, pero hizo notar que de darse el encuentro sería bueno que también participen integrantes de la CAO como ente matriz del sector productivo cruceño.

Atenta a la producción

En contacto con EL DEBER, Óscar Mario Justiniano, presidente de la CAO, precisó que desde el momento en que una persona ajena ingresa a una propiedad privada comete el delito de ‘avasallamiento’, que, en la mayoría de los casos, va acompañado del robo de insumos, de ganado y destrucción de la infraestructura productiva perjudicando la producción de alimentos.

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