Inseguridad frente al narcotráfico
La comunidad cruceña se vio sorprendida con un tiroteo ocurrido en la carretera a Cotoca. Un hombre fue acribillado y el otro resultó con graves heridas. El que sobrevive estaba preso porque era mano derecha de Sebastián Marset, el narcotraficante confeso que vivía en Bolivia con una identidad falsa.
Horas después del suceso, el Ministerio de Gobierno reveló que Erland Ivar García, alias ‘El Colla’ fue beneficiado, primero con detención domiciliaria y después con libertad sin custodia policial. Una vez más la impunidad gana terreno en medio de un sistema judicial que tiene actuaciones vergonzosas y atentatorias a la seguridad nacional.
El cruce de fuego destapa muchas irregularidades. La primera es que, mientras hay miles de personas injusta y largamente detenidas en los penales del país, se beneficia a reos peligrosos como García y se lo hace sin argumentos sólidos.
La segunda es que, a pesar de ser mano derecha de Sebastián Marset (poderoso traficante de droga en el continente) circulaba libremente y supuestamente seguía operando en el narcotráfico, de acuerdo con las primeras investigaciones.
La Policía sospecha que el hecho es consecuencia de un enfrentamiento entre dos poderosas bandas de narcotráfico. Y los crímenes con balacera son casi habituales en varias regiones del país, especialmente en la frontera. Esta vez ocurrió en Santa Cruz de la Sierra y mañana puede suceder en cualquier otro lugar del territorio nacional. A ello se suman una serie de secuestros en el trópico de Cochabamba, con métodos propios de las mafias.
El ministerio de Gobierno emitió un comunicado denunciando a los administradores de justicia: el juez Primo Flores, la vocal Gladys Alba de la Sala Penal Primera. Pide que el Consejo de la Magistratura actúe de oficio en este caso.
¿Cuál es la explicación de las autoridades mencionadas? No es la primera vez que el juez Primo Flores es mencionado en este tipo de irregularidades, pero se mantiene en el cargo sin siquiera haber sido investigado por las autoridades pertinentes.
Tras la fuga de Sebastián Marset hubo unas 15 personas investigadas y detenidas, pero la mayoría fue liberada por la justicia boliviana.
Así como en este caso, hubo detenidos por los avasallamientos que fueron beneficiados con libertad pura y simple, a pesar de la flagrancia de sus acciones. Todo esto muestra que los administradores de justicia, con honrosas excepciones, no están actuando en beneficio de la comunidad y basan sus fallos y decisiones en otros intereses que deben ser indagados.
Por otro lado, también el Ministerio de Gobierno debe rendir cuentas debido a que los socios de Sebastián Marset seguirían operando su negocio de manera impune. ¿Cómo se puede entender que el principal aliado de este narcotraficante confeso esté involucrado en un episodio violento y presuntamente vinculado al tráfico ilícito de drogas?
Los hechos permiten entender que los bolivianos están desvalidos frente al poder de los grupos mafiosos que operan en Bolivia. Que a nuestro país no le pase como a México, donde el narcotráfico tiene mucho poder y sus tentáculos un largo alcance. Es preciso que el Gobierno haga más contra este tipo de delincuentes.
