2 de septiembre de 2020, 5:00 AM
2 de septiembre de 2020, 5:00 AM


El Gobierno decidió devolver al Poder Legislativo tres leyes que la presidenta del Senado, Eva Copa, promulgó apresuradamente la anterior semana supuestamente en cumplimiento de la norma al haber transcurrido diez días desde que fueron sancionadas y debido a que no fueron promulgadas por el Ejecutivo.

Se trata de la ley excepcional de alquileres, que reduce al 50 por ciento el pago de esos compromisos en los casos en que la renta acordada no supere los Bs 5.000, la ley de donación de plasma hiperinmune y la ley para la atención gratuita en clínicas privadas.

El viceministro de Coordinación Gubernamental argumentó que las normas fueron devueltas porque, en su criterio, Copa no tiene legalidad, competencia ni jurisdicción para promulgar leyes y además se presentó un recurso de queja ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que revise el sentido de las consultas.

Mientras tanto, al no haber sido publicadas en la Gaceta Oficial del Estado, esas tres leyes no entraron en vigencia.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya se pronunció el pasado día 28 y rechazó las consultas del Gobierno porque las normas se habrían tramitado como iniciativa del Poder Legislativo y no del Poder Ejecutivo.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, advirtió, tras la respuesta del TCP, que los magistrados de esa instancia tienen un acuerdo con los legisladores del Movimiento al Socialismo porque fueron electos políticamente durante la gestión de Evo Morales y ahora estarían pagando facturas de lealtad.

Algunas de las observaciones del Ejecutivo a aquellas tres leyes es que, en el caso de la de alquileres, tendría carácter retroactivo, y las otras dos tienen ambigüedades y disponen medidas temporales.

El tira y afloja de esta relación de poderes resulta a estas alturas demasiado crítico y tiene sus raíces en las fechas en que Evo Morales se trasladó de Cuba a Argentina. En ese momento, la actitud de la Asamblea Legislativa -controlada por el MAS, no hay que olvidarlo- dio un giro de 180 grados en una política que hasta entonces había mostrado señales de entendimiento y coordinación con el Gobierno interino de Jeanine Áñez.

Por esos días se supo que Morales ofreció a Copa la candidatura a alcaldesa de El Alto, y entonces la Asamblea terminó por convertirse en una especie de brazo operativo del MAS en el país.

También el Tribunal Constitucional, que aparentemente asustado por el cambio de noviembre pasado dictaba en un principio resoluciones relativamente racionales y lógicas, ahora parece haber vuelto al control del MAS y haberse puesto al servicio de Morales, como ocurría cuando él estaba en el poder.

Esas acciones políticas, y en este caso partidarias, parecen dar razón a algunos pensamientos que circulan por redes sociales y que afirman que en Bolivia cambió el Gobierno, pero la estructura de la gestión autoritaria de Evo Morales no fue desmantelada y continúa teniendo el mismo poder de antes.

No es para menos, 14 años alcanzaron suficientemente para edificar a medida la superestructura ideológica-jurídica para detentar a largo plazo el poder político, como manda el marxismo, del que algunos operadores del anterior régimen sabían más que del Álgebra de Baldor.



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