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7 de julio de 2024, 4:00 AM
7 de julio de 2024, 4:00 AM


Jurídicamente se define la condición de interdicto como “el estado de una persona a la que judicialmente se ha declarado incapaz para ejercer ciertos derechos, o por razón de delito o por otra causa prevista en la ley. También se emplea esta locución civil para señalar la suspensión de oficio o la prohibición que se hace a una persona para continuar en el ejercicio de su empleo, cargo o profesión” (Ossorio). Es decir, el interdicto es la persona no apta, inhabilitada para realizar determinados actos debido a su manifiesta incapacidad; por ejemplo, el pródigo que dilapida el patrimonio familiar poniendo en riesgo el sustento de la familia, por lo cual un juez puede declarar su incapacidad y prohibirle administrar dicho patrimonio.
El ejercicio de la función pública derivada de la dádiva política exhibe la verdadera esencia de algunos funcionarios mostrándolos tal cual son: oscuros, corruptos, mediocres y falaces, interdictos para gobernar debido a su manifiesta incapacidad para el ejercicio probo de la función pública porque dilapidan el patrimonio del estado expoliándolo hasta dejarlo en la miseria, no solo material sino también de espíritu patriota.
La vergonzosa escena protagonizada por Luis Arce Catacora y Juan José Zúñiga en los pasillos del palacio de gobierno ha mostrado el dantesco submundo al que ha sido arrastrado nuestro país. Y en tal situación no solo debería preocuparnos los efectos perniciosos de la crisis política sobre la economía nacional y la derruida institucionalidad estatal, sino que debería alertarnos de la profunda crisis social y de valores que está devorando a la sociedad boliviana y que no será tarea fácil revertir, llevará al menos cuatro lustros, es decir el mismo tiempo que llevan las envilecidas políticas ejercidas por el MAS.
Apologizando dicha escena, Arce Catacora se jactó diciendo haber defendido la democracia del asedio de la derecha. ¿De qué democracia hablaba? ¿Del sistema que su gobierno ha vilipendiado hasta el hartazgo? o de la defensa de los cargos públicos que él y sus afines usufructúan.
Hace mucho tiempo que se quebrantó la democracia en Bolivia. No puede haber democracia a medias. O se respeta el estado de derecho honrando a rajatabla la independencia de poderes, la Constitución y la institucionalidad, o no hay democracia, así de simple. Además, donde hay presos políticos, no hay democracia.
El 29 de octubre de 2020, una semana antes que finalice mi gestión al frente de la Cancillería de Bolivia, hice conocer a los organismos internacionales (ONU, UE, OEA) el grave peligro que se cernía sobre la democracia boliviana, puesto que, durante las últimas sesiones de las Cámaras de Senadores y Diputados, la bancada del MAS, al no contar su partido con los dos tercios para la siguiente legislatura 2020-2025, modificó arbitrariamente los reglamentos de la Asamblea eliminando el requisito de “dos tercios” para la aprobación de decisiones fundamentales en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dada la gravedad de este hecho, Human Rights Watch también manifestó su preocupación a través de un comunicado que textualmente decía: “Un día antes de perder la mayoría de dos tercios en el Senado de Bolivia, el MAS redujo el umbral de 2/3 de los votos para decidir importantes materias. El MAS cambió las reglas del juego para hacerlas a su medida. Mal precedente.”
El MAS que hasta entonces seguía detentando el poder político en el país a través de su mayoría parlamentaria, dejó preparado el terreno para que Luis Arce Catacora gobierne discrecionalmente, sin la debida fiscalización de la oposición en la Asamblea Legislativa, de lo cual la oposición quedó advertida.
La inconstitucional prórroga de funciones desde el 1° de enero de 2024 de magistrados, tribunos y jueces, gestionada y accionada por el poder ejecutivo, ha sido un golpe mortal al poder judicial. ¿De qué democracia habla Luis Arce Catacora?
Recientemente la fracción “evista”, impelida por la pugna al interior del MAS, ha pretendido devolverle protagonismo fiscalizador al poder legislativo. En esa línea se ha podido aprobar un par de leyes que ponen fin a la inconstitucional prórroga de miembros del poder judicial, lo que, con sobrada soberbia desdeñó el gobierno y David Choquehuanca en su calidad de Vicepresidente de Bolivia y presidente nato de la Asamblea Legislativa, asestó otro golpe mortal contra el poder legislativo. ¿De qué democracia habla Luis Arce Catacora?
El envilecimiento de la función pública demuestra la incapacidad de los actuales gobernantes para administrar el estado, configurándose como interdictos para gobernar. Sin embargo, siendo una utopía que el actual poder judicial substancie de oficio dicha interdicción, al menos que sea la ciudadanía la que los identifique y los señale como tal.


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