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1 de mayo de 2023, 4:05 AM
1 de mayo de 2023, 4:05 AM

 Por Rolando Justiniano Vaca, sociólogo

El control de combustibles y el desabastecimiento, dos aspectos que golpean a la economía y el aparato productivo nacional. Desde el año pasado, el fantasma de la seguridad energética, que no solo afecta a Bolivia sino a la región, incluso Estados Unidos, cuando sorpresivamente en Miami, se informaban de desabastecimiento en la cosmopolita ciudad del Norte.

El pasado 13 de abril, el Gobierno puso en marcha la Política de Control y Lucha Contra el Contrabando de Combustibles para que el Estado ahorre en la subvención a los combustibles con medidas a reforzar el control en la comercialización de los combustibles hacia el consumidor final y reducir los costos de importación de combustibles. Sin embargo, desde la promulgación de los decretos 4910 y 4911, clanes familiares y personas vinculadas las actividades ilícitas filtran y emiten declaraciones temerarias a través de los medios de comunicación para resistir su cumplimiento.

Cuando la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Santa Cruz, la Federación de Empresarios Privados de La Paz y la Asociación Nacional de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur Nacional) se pronuncian en contra de la política que —además busca reducir los costos de la subvención de carburantes— hay un grave problema, porque se alinean en la misma vereda de los contrabandistas y de aquellos que desvían los carburantes hacia actividades ilícitas, lo que pone en tela de juicio su credibilidad y la transparencia de sus actividades.

Asimismo, sorprende que recurran a bajos argumentos como el engaño, la desinformación y manipulación para mentir a la ciudadanía con el falso argumento de que la Política Nacional de Control y Lucha Contra el Contrabando de Combustibles afecta la seguridad jurídica de las estaciones de servicio, cuando el único propósito del DS 4910 es fortalecer las acciones contra la proliferación del mercado negro de carburantes.

El pasado miércoles, Asosur Nacional hizo público un comunicado en el que se declaran “en emergencia ante la promulgación del Decreto Supremo 4910 y las Resoluciones Administrativas que lo reglamentan, toda vez que ponen en riesgo nuestras inversiones, exponiéndonos al peligro de ser intervenidos y ser expulsados de nuestras propias instalaciones”.

Luego, en apoyo a Asosur, la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) emitió un pronunciamiento en el que afirma que la norma (DS 4910) “pone en riesgo las inversiones privadas del sector, con el peligro de ser intervenidos y expulsados de sus propias instalaciones”.

La sublevación contra el Decreto 4910 no termina ahí. Un reciente comunicado de la Cainco —el gremio empresarial más importante de Santa Cruz— sorprende con su cuestionamiento a la norma que establece el control que el Estado ejerce, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a la venta de combustibles.

En un comunicado público manifiestan su preocupación por el DS 4910 “toda vez que afecta la seguridad jurídica de las estaciones de servicio al disminuir las cantidades disponibles para la venta y establecer la posibilidad de intervención de las empresas (…)”, apreciación que falta a la verdad y encubre otros propósitos, ya que la esencia de la mencionada norma garantiza el normal suministro de combustibles al mercado interno.

En ninguna parte del decreto ni del reglamento se afecta a la seguridad jurídica de las inversiones, entonces ¿por qué los gremios privados piden dejar sin efecto las normas que defienden los intereses del Estado boliviano en contra del contrabando y el desvío de carburantes? Lo cierto es que las manifiestas declaraciones del sector empresarial despiertan sospechas y develan intereses ocultos.

La mentira es una costumbre recurrente y tiene el objetivo de desgastar y perjudicar la gestión del gobierno, es una práctica perversa que falsea la realidad o banaliza los hechos sin medir consecuencias. Es lamentable que instituciones serias como los gremios mencionados en este artículo aparezcan alineados a contrabandistas y a clanes familiares ligados al desvío de combustibles.

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