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La investigación a dirigentes políticos, personalidades artísticas y culturales fue puesta en vigencia desde 2016 a través de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que presentó la “Normativa Específica en Legitimación de Ganancias Ilícitas”, y que realiza una lista de quiénes son sujetos a investigación denominadas “personas expuestas políticamente” (PEP).

“Se entiende como tal, a aquella persona que tiene o ha estado a cargo de funciones públicas prominentes en su propio país o en el extranjero; figuras prominentes pertenecientes a partidos políticos; ejecutivos de jerarquía de organizaciones que pertenezcan al Estado u organismos internacionales; personas que hubieran alcanzado fama y notoriedad en actividades científicas, profesionales, artísticas, culturales, deportivas y otras; así como a los allegados de la PEP”, señala la primera parte del artículo 65 de este documento de la UIF.

El ministro de Gobierno, Carlos del Castillo, denunció al ex director del Segip Mauricio Gustavo Fernández por haber suministrado las tarjetas kardex de 592 dirigentes, personalidades y niños al Viceministerio de Transparencia. El ex viceministro de ese despacho, Guido Melgar, dijo que se realizó porque la normativa establece la investigación de las personas PEP y sus familias hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Durante el Gobierno del MAS, según los reportes de la UIF, se pidió información de 2.412 personas y consultas sobre otras 15.453 en busca de actos de corrupción o desvío de dinero a cuentas de terceras personas. Los datos están contemplados en los reportes de UIF de los años 2015, 2016 y 2017.

Según esa memoria institucional, siete entidades estatales y una privada entregaron información sobre estas personas: El Segip, sobre todo de las personas; la Policía Boliviana a quien se pidió el registro de propiedad de vehículos de los PEP; la Aduana Nacional, si esas personas estuvieron vinculadas al registro de importaciones y/o exportaciones; Impuestos Nacionales, sobre el régimen tributario; Consejo de la Magistratura, sobre registro de propiedad de bienes inmuebles; la Dirección General de Migración, sobre el flujo migratorio de los investigados; la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que informó de las operaciones en el sistema financiero. Como entidad privada figura la Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa), que debía informar sobre el registro comercial de las empresas de estas personas.

Los artistas

El exprocurador general del Estado José María Cabrera dijo que las exautoridades y jerarcas que hubieran trabajado en instancias estatales son sujetas a investigación y que esa tarea es una disposición internacional de acuerdos entre países.

“Los que son sujetos de investigación son los ministros o máximas autoridades de los cuatro órganos del Estado, ellas son PEP y sus familiares; no es aleatorio, todas deben ser investigadas, eso establece la ley”, recordó Cabrera.

Luego dijo que estos acuerdos internacionales establecen la investigación a exautoridades, pero no a personalidades, tal como manda la resolución de la UIF, desde su punto de vista, sería una ilegalidad investigar a personas que no tienen ningún vínculo con el Estado, porque no se adecúa a los parámetros internacionales.

Precisó que la solicitud de las tarjetas kardex de los 592 ciudadanos que entregó el director del Segip al Viceministerio de Transparencia no podía realizarse, ya que cualquier tipo de información sobre los ciudadanos desde las entidades estatales se debe hacer en el marco de una investigación penal. “Si no existe investigación penal, no puede solicitarse información”, inisistió.

Star-Gira

El ex viceministro Guido Melgar dijo que él solicitó información en el marco de una resolución del Grupo Interinstitucional de Trabajo para la Recuperación de Activos (Star-Gira), que se reunió para revisar los avances de la lucha contra la corrupción.

“En realidad fue en cumplimiento de una resolución que emanó del grupo Star-Gira y también avalado con el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, se decidió reactivar el grupo Star-Gira, ahí formaban parte la Procuraduría, la Contraloría, el Fiscal General, el ministro de Gobierno”. El MAS ya había solicitado informes de 60 personas; aunque la UIF reportó información de 2.412 personas PEP.


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