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El caso Tribunal Electoral 2 ya tiene una hipótesis de cómo se habría perpetrado el supuesto fraude en las elecciones del 20 de octubre del año pasado. 

La investigación de la denuncia de Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, contra el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y los exministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Héctor Arce. A ellos Mesa los acusó en febrero de ser autores mediatos del fraude y de haber supuestamente cometido ese delito electoral a a través de los vocales del Tribunal Supremo Electoral que estaban en funciones el año pasado.

Tras ocho meses y más de 300 actos investigativos, los tres policías investigadores asignados al caso, llegaron a la hipótesis de que, si hubo fraude, éste comenzó a andar a las 3:52 del lunes 12 de agosto de 2019, cuando el vuelo 2400 de Latam, llegaron al aeropuerto de El Alto, procedente de Lima, Ramón Díaz Ávila y David Ariel García Portillo, ambos militantes del Partido del Trabajo de México y cabezas de lo que el trío de investigadores ha venido a llamar “Grupo Territorial”, un conglomerado de 20 mexicanos, un venezolano y varios bolivianos que, desde los pisos 10, 11 y 12 de un hotel de la ciudad de La Paz orquestaron un fraude operado a través de computadoras.

La estrategia, según la hipótesis policial, fue crear un programa que se alimentó de información confidencial de la base de datos de Instituto Nacional de Estadísticas y del Tribunal Supremo Electoral para incrementar la votación del Movimiento Al Socialismo al incluir en el Padrón Electoral a los más de 400.000 depurados que había, sobre todo a personas fallecidas.

El vértice local de esta hipótesis es Sergio Daniel Martínez Beltrán, exdirector de Informática del INE, que según la investigación había monopolizado el acceso a información, bloqueando la seguridad informática en esta institución, para luego, con datos de cartografía, saltar al Tribunal Supremo Electoral como asesor de tecnologías de información y comunicación de la Sala Plena. 

Según los investigadores, este salto tuvo sus complicaciones, porque primero Martínez Beltrán rechazó ganar el sueldo destinado a un consultor en línea de Sala Plena, y fue destinado a director de TIC del Sereci La Paz, cargo que nunca ejerció, para con ese sueldo ser declarado en comisión y aterrizar la Dirección Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación (DNTIC) del TSE. Según el informe fechado el 28 de septiembre, Martínez Beltrán se fabricó la fama de ‘intocable’ mientras trabajó en el INE y decía reunirse de manera frecuente con el exvicepresidente Álvaro García Linera.






Siempre sobre la base del informe pericial de la Policía, se desprende que mexicanos y nacionales tuvieron su primer encuentro el 1 de octubre en el piso 17 de la Casa Grande del Pueblo, donde funciona el Ministerio de Energía. 

Al parecer, este hecho se basa en alguna declaración no referida en el informe, porque señala que los presentes en el encuentro ingresaron al nuevo palacio a través de la puerta de la calle Ayacucho y se dio orden de que no se registre la visita de los presentes. 

Y la lista era bastante larga. Arranca con tres mexicanos, continúa con Martínez Beltrán a quien supuestamente presentan como el jefe de informática del MAS y continúa con una decena de nombres de funcionarios de ministerios, casi todos ellos ingenieros informáticos. Allí hay un dato confuso. No queda claro si el propósito del encuentro es conformar el centro de vigilancia electoral del MAS a través del aparato del Estado o si esto fue el núcleo desde donde se operó el supuesto fraude.

Según la indagación, a partir de ese momento fue presentado el software “visor territorial”, cargado con la base cartográfica y el censo del INE y el padrón electoral y las militancias del TSE.

Entre el 1 y 9 de octubre del año pasado, el flujo de visitantes mexicanos a La Paz debió haberse incrementado, ya que el llamado bloque territorial alcanzó 21 miembros, todos procedentes de México con escala en Panamá, Guayaquil, Bogotá o Lima.

Veinte eran de nacionalidad mexicana y uno, venezolano. Las pericias policiales dicen que ocuparon tres pisos del Real Plaza Hotel, y que estaban dirigidos por Ramón Díaz Ávila, pero eran pocos los que tenían habilidades tecnológicas para operar el supuesto fraude tecnológico que luego se describe. Según el informe policial, los que daban el soporte técnico apenas eran cuatro. 

El resto de la delegación estaba plagada de excandidatos a diputados en México, funcionarios públicos de gobiernos estatales, marquetineros y abogados. 

Los policías aseguran que se dedicaban a “temas auxiliares y trabajos físicos manuales”, pero no vuelven a aparecer en el resto de la relación de hechos. Desde México, ellos negaron cualquier participación en el supuesto fraude.

Según el relato policial, todo fluyó más o menos de manera normal hasta las 20:00 del 20 de octubre, cuando ya habían computado en el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares el 83% de las actas verificadas y se había transmitido un 89,34% de actas. 

En ese momento, la presidenta del TSE, Virginia Choque, recibe una llamada de Álvaro Andrade, cabeza de la empresa contratada para auditar el cómputo oficial que le dice que han detectado un servidor externo generando datos en el cómputo del TREP.

Estaba previsto que el TREP funcione a través de dos servidores el BO2 que recibía y validaba las actas y el BO3, que procesaba los resultados, pero se había descubierto un servidor B01.

Todo lo que viene a partir de allí, llevó a la anulación de las elecciones, una protesta callejera que duró 21 días y la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

Andrade, de Ethical Hacking, convoca a los vocales a una reunión en la sede de la DNTIC. A partir de ese momento, hay múltiples solicitudes de que se corte el conteo del TREP hechas por varios vocales. 

Los policías aseguran que los primeros en ordenarlo fueron Iriarte y Gonzales, quienes se lo exigieron al director nacional del Sereci, José Antonio Pardo, que se negó a hacerlo. Luego, un chofer que transportaba del Plaza a la DNTIC en San Jorge a Mamani, Iriarte, Choque y Cruz, escuchó a Cruz gritar: “carajo, apáguenlo”. Quizá es por eso que se identifica a Cruz como la que ordenó parar el TREP. 

Edgar Gonzales y Antonio Costas Sitic eran los únicos vocales el TSE que no iban a bordo de dicho vehículo, pero de todas formas llegaron a San Jorge y organizaron una reunión entre todo los vocales con Andrade, Marcel Guzmán de Rojas, encargado de la empresa que daba soporte técnico al TREP y al Cómputo oficial. 

En medio de esa reunión aseguran que Cruz volvió a sugerir que se interrumpa el cómputo del TREP y fue secundada por al menos dos de sus colegas. Salió del recinto y dio la orden que terminó con el corte de internet no solo a este a este sistema, sino también al cómputo oficial y un escándalo que originó primero las críticas de los observadores internacionales y luego las protestas callejeras.





 El día después

Al mediodía del 21 de octubre de 2019, lo vocales se reúnen para reanudar el TREP en las oficinas de la DNTIC de San Jorge. Además de Choque, Cruz, Mamani, Iriarte y Gonzales, llegan hasta allí Guzmán de Rojas y funcionarios de la la dirección de tecnología, entre ellos Martínez Beltrán, que fue el que sugirió crear un cuarto servidor en la nube de Amazon, el B020, que fue creado por un funcionario de la DNTIC y configurado por Guzmán de Rojas. 

Aseguran que ahí se le dio acceso de “superusuario” a Martínez Beltrán e introdujo los datos que favorecieron a la votación del MAS. La hipótesis es que lo hizo en coordinación con el equipo mexicano, que todo estaba planeado desde antes, que la máquina virtual en la nube de Amazon que alojó el servidor BO20 estaba creada antes de que fuera necesaria, que luego estos datos del TREP transfirieron actas al cómputo oficial (un 5%, por las quemas de los tribunales departamentales) y que los autores de esta irregularidades trataron de borrar sus huellas, borrando los metadatos. 

Todo eso quedaría al descubierto en las pericias de la OEA y estudios posteriores. Ahora, los policías sugieren sumar a nueve personas a la investigación, entre ellos dos exministros de Morales, a Guzmán de Rojas y seis exfuncionarios de rango medio. Instruye, además, que se arreste inmediatamente a siete de ellos.