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El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, declaró el lunes que su institución recibió de manera “parcial”41 ambulancias compradas a través de una empresa de reciente creación, pese a que los motorizados no llegaron al país. Los alegatos cambiaron ayer y anunció la anulación del contrato.

“No me estoy lavando las manos y me someteré a la investigación”, declaró en La Paz, tras reunirse con autoridades del Viceministerio de Transparencia. Poco antes, la autoridad potosina había admitido, como no lo había hecho antes, que se cometieron irregularidades cuando se firmó un “acta de recepción” y se cerró el proceso de contratación el 31 de diciembre de 2021. Sí, poco antes de la celebración del Año Nuevo.

“Se cancela este proceso de contratación para la adquisición de estas ambulancias; sin embargo, la investigación a este proceso va a continuar. No significa que ahí queda. Hemos entregado toda la documentación para que sea la autoridad competente (el viceministerio de Trasparencia) para que se pueda transparentar este proceso de contratación”, apuntó.
La Gobernación de Potosí compró, de manera directa, 41 vagonetas Toyota Land Cruiser con equipamiento de ambulancia Tipo 1, que se emplean para el traslado de pacientes con prestaciones de primeros auxilios. La información fue publicada el viernes 14 por EL DEBER.

Estefals Logistics se adjudicó la venta de los bienes públicos por un monto de Bs 20,5 millones a través de la minuta de contrato 215/2021, firmada el 26 de noviembre de 2021. La compañía se comprometió a entregar los vehículos en Potosí el 6 de enero, tras cumplirse un plazo “de 40 días calendario”. No cumplió. Luis Humberto Huanca, propietario de empresa, pidió un plazo adicional de 30 días para honrar el pacto. Dijo que hizo esa solicitud el 3 de enero y que no recibió “ningún dinero” por parte de las autoridades de la Gobernación.

Una comisión técnica dio por recibidos los motorizados, según un acta que está colgada en el sitio web del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes). También está el formulario 500 que establece “la entrega definitiva” de los bienes que fueron adquiridos y con el que se puede tramitar el pago por la operación. 

Todos los documentos se suscribieron sin la presencia física de los vehículos. En el acta se lee que el acto de recepción comenzó a las 10:00 y cerró a las 17:00 del 31 de diciembre de 2021, sobre la base de un “informe de la comisión de recepción”, dirigido al gobernador Mamani. La autoridad dijo que no tuvo conocimiento de esos documentos y consideró que “hubo mala fe” e instruyó un proceso administrativo contra varios servidores.

La empresa que se adjudicó el contrato fue creada el 9 de septiembre de 2021, según el registro de Fundempresa. “Durante los primeros días de octubre” recibió la invitación para presentar propuestas, informó Huanca. El gobernador afirmó el lunes que el proceso inició el 3 de noviembre.

El fiscal general, Juan Lanchipa, señaló que no existían elementos para iniciar una investigación de oficio. “De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, damos inicio ante una denuncia, un informe policial o una noticia fehaciente sobre un hecho punible”.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, tiene otro punto de vista. Precisó que corroboró las irregularidades y señaló que el caso tiene que ver con el derecho al acceso a la salud. La Gobernación potosina se apegó a un plan para enfrentar la pandemia en la contratación de estos vehículos.

Cruz pidió una investigación a la Contraloría sobre este caso. Legisladores de la alianza opositora Comunidad Ciudadana también reclamaron la intervención del contralor Henry Ara.
“Es triste. Mientras el pueblo sufre y llora a sus muertos, hay delincuentes que están robando en las instituciones”, dijo el diputado Héctor Arce (MAS).

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