Escucha esta nota aquí

La jueza cautelar Regina Santa Cruz determinó detención preventiva de cuatro meses para la expresidenta Jeanine Áñez en la cárcel de Obrajes y para sus exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán lo mismo en San Pedro, por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

Pero poco después del resultado judicial, el ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió que “la detención preventiva es una medida excepcional. Lo que buscamos no es una detención de cuatro meses, sino una condena de 30 años, porque aquí hubo masacres sangrientas, familias que quedaron sin padre, madres sin hijos, y en palabras de la CIDH una masacre sangrienta en Sacaba, Senkata, Montero, el Pedregal, al sur de La Paz, le daremos justicia al pueblo boliviano”.

La exmandataria señaló que como lo había denunciado, “el MAS decide y el sistema judicial obedece: me envían cuatro meses detenida para esperar el juicio por un “golpe” que nunca ocurrió. Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor”.

Pero para Lima, cuatro meses será solo un período de tiempo que se le dará al Ministerio Público para exigirle celeridad en la indagación. “Este lunes el Gobierno presentará cuatro juicios de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez y su gabinete”.

Los casos se presentarán en la capital a las 8:00 de la mañana y dos horas después, se conocerán los pormenores en una conferencia de prensa en La Paz. “Hubo grave corrupción que afectó el erario público, serán presentados por el Ministro de Justicia en los casos de corrupción, y en la de DDHH, por las víctimas”.

Además, en las siguientes cuatro semanas se llevará adelante otra acción penal por “las masacres sangrientas a partir de lo que haga el Ministerio Público contra los actores que no tienen privilegio constitucional. Mientras que en el caso de Áñez será otro juicio de responsabilidades”

Ante los llamados a la resistencia civil, desafió y aseguró que ésta fue vencida en las urnas por Luis Arce, y todo eso debe quedar en el pasado. “Hay una teoría del caso que presentó la exdiputada Lidia Patty en diciembre, pero ahora nuevos actores, nuevas pruebas, nuevos argumentos que deberán ser considerados.

Otros actores

Por lo que se vio ayer en la audiencia de Áñez, que duró ocho horas, los siguientes objetivos son el gobernador electo por Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y expresidentes, como Carlos Mesa y Jorge Quiroga.

El fiscal Harold Jarandilla señaló que los hechos de 2019 se iniciaron el 21 de octubre, día después de las elecciones generales, y se agravó con la quema de edificios electorales. El 5 de noviembre se introdujo a La Paz el entonces dirigente cívico Luis Fernando Camacho. En declaraciones brindadas a la Red Uno Camacho, precisó el fiscal, afirmó que logró evadir el bloqueo a su llegada gracias al apoyo de la Policía y de los militares.

La comisión de fiscales sostuvo que la entonces senadora Áñez, “contra todo procedimiento legislativo, presionó en coordinación con Luis Fernando Camacho, y los expresidentes Jorge Quiroga, Carlos Mesa, y Samuel Doria Medina por la renuncia de Morales”. El fiscal manifestó que un día antes de que asuma la presidencia, hubo una reunión convocada por la Iglesia católica, que buscaba supuestamente una salida pacífica, en la Universidad Católica Boliviana, de La Paz. Específicamente, en oficinas del rectorado.

La Fiscalía sostuvo que en esa reunión le solicitaron a la entonces presidenta del Senado Adriana Salvatierra que presente su renuncia para que Áñez asuma la jefatura de Estado. Si lo hacía, iban a permitir que el presidente Evo Morales pueda salir del país y que fue Jorge Quiroga quien “concretó la coacción contra Adriana Salvatierra para que renuncie”.

La versión de Quiroga es tiferente: “Adriana Salvatierra me llamaba a cada rato rogando que deje ir del país a Evo Morales. A cambio, dijo que el MAS permitiría una posesión presidencial en el Congreso para Jeanine Áñez”, reveló en varias ocasiones.

Anoche tuiteó que lo ocurrido con Áñez es el abuso autoritario más grande, desde el retorno a la democracia en 1982, se acaba de consumar en Bolivia. “Encarcelan a una mujer por tener la entereza de asumir una sucesión constitucional reconocida por el mundo, avalada por el Congreso/TCP y que dio lugar al mandato de Arce”.

Pero para sustentar su posición la Fiscalía introdujo la declaración de la dirigente del MAS y exautoridad Teresa Morales, quien declaró que fue testigo presencial el 11 de noviembre de 2019, de la reunión en la UCB, porque acompañó a Salvatierra. Ella dijo que dentro de esta universidad Quiroga, Mesa y Doria Medina, le exigían a Salvatierra la renuncia de Evo a cambio de su salida del país y garantizar su derecho a la vida.

La Fiscalía señaló también que cuenta con la declaración de la hermana del diputado Víctor Borda, quien presentó la versión de que allegados de Jeanine Áñez pidieron que renuncie a la presidencia de Diputados.

Alaín de Canedo, abogado de Áñez recordó que un comunicado del Tribunal Constitucional, emitido el 12 de noviembre de 2019, abrió la sucesión constitucional inmediata, mientras que el reglamento de diputados abrió la posibilidad de que la transición sea absolutamente legal.

La Asamblea aprobó la ley para las elecciones generales, y la prórroga de mandato de autoridades, ésta última revisada por el TCP, en la que los dos tercios del MAS avalaron el gobierno transitorio.

Comentarios