Jubilarse en Bolivia es mal negocio, así coinciden rentistas y expertos

En Bolivia es obligatorio aportar para la jubilación, pero cuando hay que conseguir las rentas, los montos no son los que una persona que ha trabajado décadas espera.

“La justicia social que los políticos en función de Gobierno tanto proclaman es imaginaria. De los 70 años de vida que tengo, 45 trabajé como educador en el magisterio rural en Sucre y en Santa Cruz. Me jubilé con un salario de Bs 7.000 y ahora percibo una renta mensual de Bs 3.800, incluyendo Renta Dignidad. A muchos les parecerá un monto apreciable, pero se equivocan. Del total, pago Bs 1.000 en servicios básicos del hogar, de Bs 1.500 a 2.000 destino para alimentación y del saldo, no siempre, sacó para cubrir una consulta médica privada, más medicamentos, porque la atención en salud en el sector público es un desastre. Con absoluta franqueza puedo afirmar que jubilarse en Bolivia es un mal negocio”, dice Mario Valdez, al salir de actualizar su certificado de vivencia de las oficinas de BBVA Previsión AFP en Santa Cruz.

Hizo notar que cuando pidió saber por qué la AFP paga una pensión limitada, le dijeron que es debido a la baja rentabilidad que reciben por administrar e invertir sus aportes. “El factor que sea, es una pensión perversa”, dijo.

Si para Valdez, el monto de renta percibido era ‘apretado’, para Yolanda Osinaga, es indigno. Ella reveló que después de 20 años de vida laboral recibe una pensión de jubilación de Bs 1.800 mensual -por debajo del salario mínimo nacional que es de Bs 2.250-. “Es frustrante el pago jubilación percibido, comparado esos 18 dirigentes sindicales de YPFB declarados en comisión -permiso o vacación permanente e ininterrumpida durante todo el año- reciben salarios que van de Bs 7.000 a 40.571. Esto es una infamia, de qué justicia hablan en el partido oficialista. Crearon la fracción solidaria alegando que ningún jubilado debía percibir menos de un salario mínimo y ahora quién hace cumplir este compromiso”, expresó.

Otros jubilados -prefirieron mantener su identidad en reserva- indicaron que en el actual Sistema Integral de Pensiones (SIP) hay personas que reciben rentas de Bs 600. “Ese monto es privativo en cualquier hogar y no cubre las necesidades actuales”, expresó un rentista que reside por El Quior, zona alejada de la urbe cruceña.

Desde La Paz, el secretario ejecutivo de la Federación de Jubilados del SIP, Antonio Ticona, indicó que este sector este mes definirá qué medida asumirán para hacer prevalecer el derecho a recibir una pensión de jubilación ‘justa’ y acorde a la realidad actual.

“Vemos que la regulación vigente, que limita a las AFP a invertir los fondos de los aportantes en el exterior, nos afecta en la rentabilidad de las pensiones. Y el alcance de la incorporación del Fondo Solidario en la Ley N° 065 de Pensiones no llega al sector porque hay compañeros que, con constancia de sus boletas de pago, reciben una pensión de Bs 600. No hay tal compensación en los jubilados que corresponden al SIP ”, hizo notar Ticona.

Recibieron un incremento

En junio, después de que la Confederación Nacional de Jubilados en el Sistema Integral de Pensiones (Conaljusip) pidiera un 7,6% de aumento en sus rentas para este año, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, citado en ABI, recordó que las rentas de los jubilados del SIP, de 2019 a 2022, sumaron un acumulado de 9,53%, monto mayor al que recibieron todos los sectores.

Los jubilados del SIP perciben, anualmente, un incremento automático de sus rentas, en función a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), a 12 meses, para esta gestión el incremento llega a 0,65%.

En aquel entonces, Montenegro recordó que gracias a la Ley de Pensiones 065 y la creación del Fondo Solidario, los jubilados reciben una renta mayor a lo que inicialmente recibirían si se mantenía la anterior ley de pensiones.

Del 6 de octubre de 2021 al 03 de enero de 2022 el Gobierno aplicó de manera personal y voluntaria, por única vez, la devolución de aportes de las AFP. A dicho beneficio accedieron más de 313.000 asegurados del SIP y se devolvió Bs1.068,9 millones, el 25,7% del total de potenciales beneficiarios.

Un ‘castigo’ para el trabajador

Bruno Rojas, investigador que trabajó por más de 24 años en el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), comparte plenamente los testimonios expresados por los jubilados. Anota que el actual sistema integral de pensiones paga rentas bajas equivalentes del 25% al 35% del salario referencial que un trabajador gana en vida activa. “Las rentas son bajas porque en el sistema actual continúa la orientación bancaria y privatista del anterior Seguro Social Obligatorio que carga la responsabilidad del ahorro para la jubilación en los trabajadores aportantes, liberando a empresarios (empleadores) y al Estado de su obligación de aportar para este fin social”, manifestó.

Denotó que, si un trabajador ganaba antes de jubilarse un promedio de Bs 6.000 y la AFP le calcula una pensión de Bs 1.500 a 1.800, dependiendo de cuántos años haya aportado y cuánto dinero haya ahorrado; sin duda, jubilarse es ‘un mal negocio’, un castigo para el trabajador. “Si antes cubría apretadamente sus necesidades con Bs 6.000, con la renta de Bs 1.500 a 1.800, inferior al SMN, sencillamente no podrá cubrir sus requerimientos y pasará a filas de la población pobre”, puntualizó el investigador.

En una perspectiva de mediano y largo plazo, Rojas cree que el financiamiento de las pensiones debe ser cubierto por los aportes del Estado y de los empresarios, como ocurre con el seguro de salud. “Mantener el actual sistema significa condenar a los aportantes y a los adultos mayores a la pobreza y a la desprotección social extrema, que implica un impacto social negativo para el Estado (mayor costo social) y para la sociedad boliviana”, dijo.

Para la exgerente regional de la AFP Futuro de Bolivia, Kathia Vaca Díez, la pensión de jubilación depende del capital acumulado en la cuenta del afiliado y la proyección de vida de la persona y su cónyuge al jubilarse. Por lo tanto, indica que mientras mayor la rentabilidad, mejor la pensión de jubilación y mientras mayor la proyección de vida, menor la pensión. “Las AFP se rigen a una normativa para poder invertir. El ahorro de los fondos de pensiones ha permitido que personas, empresas y el Estado se financien con créditos con bajas tasas de interés en las últimas dos décadas, que ha afectado el monto de la pensión de jubilación”, expresó, al inferir que en muchos casos mejora con la fracción solidaria.

No habrá pensión que alcance

En criterio de Antonio Saravia, doctor en economía y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University (EEUU), jubilarse en Bolivia es un calvario por dos razones principales. Los trabajadores no ahorran lo necesario porque los trabajos formales no pagan mucho y son escasos. “Al bajar la edad de jubilación a 58 años para los hombres y 55 para las mujeres, se reduce el tiempo de vida laboral en el que el trabajador puede cotizar. Y si no se ahorra lo necesario, nunca habrá pensión que alcance”, expresó.

Por otro lado, anotó que las AFP obtienen bajos rendimientos debido a las regulaciones que enfrentan. Las AFP tienen prohibido invertir más del 50% de los fondos del Sistema Integral de Pensiones fuera del país. “Al forzar a las AFP a invertir la mitad dentro del país, se las obliga a invertir en una economía muy poco dinámica. La gran mayoría de las inversiones internas no van a acciones sino a la banca (depósitos a plazo fijo) o al TGN mediante la compra de bonos del tesoro. Si no dejamos que las AFP inviertan afuera en mercados dinámicos, será muy difícil obtener buenos rendimientos. Al momento, el rendimiento de las AFP está entre 3 y 4%”, puntualizó Saravia.

Deduce que el mal panorama de las jubilaciones en Bolivia no es el resultado de un mal sistema. “El sistema de capitalización individual refleja la situación económica del país. No hay trabajos formales ni una economía dinámica en la que invertir. Y la culpa de eso no la tiene el sistema, sino la deficiente institucionalidad (falta de seguridad jurídica, impuestos altos y difíciles de pagar, excesiva regulación laboral, controles de precios y cupos. Encima no dejan que las AFP inviertan afuera”, enunció Saravia.