Opinión

Juegos riesgosos entre poderes del Estado

10 de marzo de 2020, 3:00 AM
10 de marzo de 2020, 3:00 AM


Con la mayoría de dos tercios del Movimiento al Socialismo, la Asamblea Legislativa Plurinacional censuró el viernes al ministro de Defensa, Fernando López, por no asistir al acto interpelatorio al que fue citado. Enseguida, la presidenta Jeanine Áñez decidió ratificar su confianza en su colaborador y no lo destituyó como señala la Constitución Política del Estado. Y dos días después decide dejar sin efecto su designación y nombrar temporalmente en su lugar al que ocupaba el Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral.

La explicación inicial de la confianza de la presidenta en López fue que el MAS intentaba frenar su gestión.

López debía informar a la Asamblea de los operativos combinados entre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en Senkata y Sacaba que dejaron personas heridas y muertas durante la crisis de noviembre que derivó en la renuncia de Evo Morales.

Sin embargo, no asistió y envió una nota de excusa explicando que se encontraba en el municipio de Puerto Quijarro entregando obras del Registro Internacional Boliviano de Buques.

Las normas tienen vacíos jurídicos para ayudar a interpretar correctamente el procedimiento de la censura legislativa y posterior destitución de un ministro por parte del presidente del Estado. Se entiende que la censura se aplica cuando las explicaciones del ministro interpelado no son suficientes o no convencen a los legisladores. Las leyes no hablan de censura cuando un ministro no asiste por razones justificadas.

El ministro, en entrevista con EL DEBER en su edición de ayer, explicó que además de su ausencia por razones de trabajo, está el hecho de que la Fiscalía se encontraba aún en pleno proceso de investigación de los hechos de Senkata y Sacaba y que lo prudente era esperar los resultados.

López decía estar dispuesto a dar las explicaciones necesarias a la Asamblea cuando la Fiscalía concluya su trabajo acerca de los hechos de noviembre en ambas poblaciones.

Sin embargo, el senador Óscar Ortiz, hombre muy influyente en el actual Gobierno, ha anunciado en la edición de hoy que nada impide a la presidenta volver a nombrar a un ministro en el mismo cargo, lo que lleva a pensar que López volvería a jurar como ministro de Defensa en las próximas horas.

De ser así, y al margen de las consideraciones que se tengan de Fernando López -quien fue un buen ministro, uno de los más activos del gabinete en tareas sociales y de rescate como el caso de la riada de Tiquipaya y que mostró firmeza en el reposicionamiento institucional de las Fuerzas Armadas- el Gobierno de Jeanine Áñez estaría dando señales de inconsistencia y dubitaciones en sus decisiones, a la vez que estaría entrando en un peligroso juego que puede interpretarse como una provocación a un poder del Estado, el Legislativo, donde ni ella ni sus aliados tienen mayoría.

El relacionamiento institucional entre poderes, y por tanto el cumplimiento de las leyes que lo rigen, exige recuperar la confianza y credibilidad con acciones enmarcadas en el ordenamiento jurídico y no en los intereses políticos. En tiempos electorales parece una misión imposible, pero nada justifica tomar acciones que lejos de acercarse a lo correcto se alejan de la construcción de la convivencia independiente y respetuosa entre Ejecutivo y Legislativo.

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