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Todas las argumentaciones de la defensa de los tres militares bolivianos fueron rechazadas por el juzgado de Pozo Almonte. Y al contrario, las fundamentaciones de la Fiscalía chilena resultaron avaladas, incluso en el plazo de detención preventiva para los uniformados bolivianos que son acusados de robo en Chile. Así, la justicia del vecino país determinó la detención preventiva de los efectivos nacionales por 90 días, plazo en el que seguirá la investigación. El Gobierno no se pronunció, pero en el MAS hay molestia por el fallo.

Ayer se celebró la audiencia de formalización de los tres militares bolivianos detenidos en Chile. La presentación fue virtual y la jueza de Pozo Almonte, Daniela Gutiérrez, estuvo a cargo del dictamen. Primero expuso sus posiciones el fiscal Hardy Torres, quien en más de una hora de relato concluyó que los efectivos nacionales son un “peligro” para la seguridad de la sociedad chilena. El investigador culpó a los uniformados de ser parte del robo de un vehículo, de utilizar armas de guerra en suelo chileno y de cruzar la frontera.

“Necesitamos por lo menos un mes para hacer un análisis comparativo de diversos casquillos encontrados en gran cantidad en el sitio del suceso y que permitan acreditar de qué arma de fuego fueron disparados”, afirmó el fiscal Torres luego de la audiencia.

La autoridad fiscal comparó que en este caso - a diferencia de otros pasados en lo que se involucró a militares bolivianos- existen más pruebas y más relatos de supuestas víctimas. “Coordinaremos para tomar el relato de los militares bolivianos”, dijo Torres.

En la audiencia, el fiscal relató cómo supuestamente las víctimas fueron atacadas por los militares bolivianos, incluso recibiendo disparos de armas de fuego. Además, demostró que los efectivos pasaron a suelo chileno por lo menos dos kilómetros más allá de la frontera. También registró llamados de comunarios que pedían auxilio ante la presencia de los militares en las cercanías del salar de Coipasa, concretamente en la localidad de Pisiga Choque.

Defensa de militares

Era el turno de la defensa boliviana. Dos abogados estaban presentes en la audiencia virtual, pero fue solo uno el que realizó la exposición. Fue Christian Castro Hernández quien descargó los argumentos y se centró en que las supuestas víctimas escaparon de Bolivia hasta territorio chileno con cargamento de contrabando.

El jurista demostró que los “contrabandistas” obligaron a que los militares bolivianos realicen una persecución y afirmó que ingresaron a suelo chileno sin darse cuenta. Además, admitió que se usaron armas de fuego.

“Huían desde Bolivia a Chile. ¿Son víctimas de robo? Eran personas que escapaban de Bolivia. ¿Acaso estaban paseando en el salar? No, son personas que llevaban contrabando”, afirmó el abogado Castro en la audiencia.

Luego, el jurista explicó que las tres personas que denunciaron tenían en su poder vehículos sin placas de control ni de Bolivia ni de Chile y que, aproximadamente, a las 20:00 del 7 de septiembre los militares iniciaron la persecución en el lado boliviano.

Castro añadió que el supuesto vehículo robado llegó a la zona en un “camión cigüeña”, que es conocido como el medio de transporte que lleva los autos chutos a la frontera desde suelo chileno.

También, el abogado dijo que uno de las supuestas víctimas tiene antecedentes penales en Bolivia y que según su reporte migratorio ingresó en el último tiempo en ocho ocasiones, pero solo en tres registró sus salidas por la vía legal. Del otro denunciante dijo que tiene documentación falsa.

Al final, la defensa solicitó arresto domiciliario para los tres militares y acreditó dos domicilios para que cumplan esa medida. El primero, una residencia común y, el segundo, en el consulado de Bolivia en Iquique. Pero Castro dijo que en el mejor de los casos se solicita la expulsión de los uniformados bajo pago de fianza.

Todos esos argumentados fueron rechazados en los 19 minutos que duró el dictamen de la jueza Gutiérrez. La autoridad judicial chilena determinó que los uniformados sigan bajo la detención preventiva en el penal de Alto Hospicio, cerca de Iquique.

Sobre el tiempo de la detención, Gutiérrez pidió a las partes sus posiciones. El fiscal Torres sugirió 90 días y la defensa 60 días. Otra vez la posición de la Fiscalía chilena venció. No se dijo más y terminó la audiencia tras cerca de cinco horas de duración.

Esa decisión cayó mal en el MAS. El diputado Juanito Angulo lamentó que se haya decidido por la detención de los militares y sugirió -de acuerdo a la normativa chilena- trabajar en una estrategia legal más completa para evitar que ese plazo se alargue.

Ayer, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, David Vargas, no contestó su teléfono celular para conocer la posición que asumirá el Gobierno y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa no se pronunciaron sobre la situación de los militares.

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