Las dos auditorías que revelaron un daño de $us 22,4 millones en el interior de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) no fueron tomadas en cuenta como pruebas en el juicio oral por el millonario robo. El proceso tenía que comenzar ayer, pero fue suspendido porque uno de los cuatro acusados no contaba con la presencia de su abogado.

EL DEBER tuvo acceso a la acusación presentada por el Ministerio Público ante el juez tercero de instrucción en lo penal cautelar de la capital cruceña. En este escrito solo se hace mención a las pruebas documentales y una auditoría parcial que determinaba un daño de $us 7,7 millones. Pero no se mencionan las dos auditorías que ordenó la Autoridad de Fiscalización de Cooperativas (Afcoop) cuando se descubrió el desfalco.

En febrero de 2019, Cotas reveló anormalidades dentro del programa Cotas en Cuotas. Esta era una iniciativa que buscaba fidelizar a socios y usuarios de la cooperativa facilitando que puedan acceder a productos relacionados a los servicios que ofrece la operadora, como televisores y computadoras.

El socio tenía que realizar una solicitud y retirar el equipo para después pagarlo de forma indexada a la factura de Cotas. Pero un grupo de exfuncionarios realizó solicitudes ficticias y desvió los equipos al mercado informal. Estos productos eran pagados por la operadora a los proveedores.

Esta situación generó un escándalo que puso en el ojo de la tormenta a la cooperativa, en especial a su administración.

Auditorías

En este escenario la Afcoop ordenó a Cotas realizar una auditoría interna del programa Cotas en Cuotas desde su creación en 2010. Dos empresas revisaron la situación financiera de la cooperativa.

El primer peritaje fue hecho por la empresa Asimco S.R.L y determinó un daño por $us 14,5 millones, lo que equivale a Bs 115,5 millones.  El 27 de marzo de 2022 EL DEBER publicó un reportaje dando a conocer los datos de la auditoría, que revisó las gestiones 2017 y 2018.

Luego el 22 de mayo EL DEBER publicó otro reportaje en donde mostró los resultados de la auditoría realizada por Sidecaf que revisó los contratos con 10 proveedores. Incluso analizó los pedidos de equipos de Cotas a los proveedores, las entregas realizadas a los socios de la cooperativa, los pagos a los proveedores, los saldos de equipos en los almacenes de la institución. Además de las conciliaciones entre las gestiones 2010 a 2016.

El estudio dio como resultado un daño total de Bs 54,7 millones lo que equivalente a $us 7,8 millones. Ambos peritajes establecieron una pérdida de $us 22,4 millones.

Los dos estudios hallan responsabilidad en altos directivos, que tras el escándalo fueron investigados y aprehendidos como el presidente del Consejo de Administración de Cotas, Iván Uribe. Además de otros exejecutivos.

Acusados

Más de una veintena de personas fueron citadas de declarar. Pero, según la Fiscalía, la responsabilidad total, del millonario robo, recae en Hubert Gil, exdirector de marketing, Widen Vaca, propietario de Media Market empresa proveedora de Cotas, Luz Marina Soliz Gutiérrez, que trabajaba en la dirección de Marketing, y Orlando Cabrera Sensano, subdirector de Contabilidad de Cotas.

Jimmy Montaño, abogado de Hubert Gil, cuestionó que la Fiscalía centre su acusación solo contra su defendido y personas que eran funcionarios medios.

Para él, es irrisorio pensar que su defendido y los cuatro acusados hayan realizado un ilícito tan grande sin que algún ejecutivo de alto rango no esté enterado.

Cuestionó que la Fiscalía no tome en cuenta dentro de las pruebas las dos auditorias que ordenó realizar la Afcoop a Cotas.

“Las auditorias no fueron presentadas como pruebas. Cotas debe decir por qué solo se está procesando a mandos medios. Y poner a mi defendido como el principal autor es faltar a la verdad, cuando existe superestructura en una de las empresas más grandes de Santa Cruz, es faltar a la verdad”, dijo.

Desde Cotas indicaron que “todas las consideraciones relativas al juicio están en manos del Ministerio Público “y que al tratarse de una acción de orden pública se actúa a través de fiscales de materia.

“Cotas desde el inicio de la investigación ha entregado toda la información requerida para la investigación, incluyendo las auditorías, contando a la fecha el Ministerio Público con 12 cuerpos legales de pruebas”, indicaron desde la operadora.

Para la institución es la Fiscalía la que define qué elementos de prueba se usan para el juicio.

EL DEBER llamó al fiscal Oswaldo Tejerina que dirige la investigación de este caso, para saber por qué no se consideró a las auditorias como pruebas, pero dijo que estaba ocupado y no podía atender las consultas sobre el tema. El juicio se reiniciará el 6 de febrero.