La Justicia designó a un interventor para precautelar el patrimonio del Hogar de Niños Huérfanos Padre Alfredo, que está valuado por casi $us 50 millones en Santa Cruz.
El fallo fue dictado por el juez público y comercial 16 Willams Gerardo Escalante, declarando probada la demanda de medida precautoria, prohibición de innovar e intervención judicial interpuesta por Salomé Nasica y Jerjes Justiniano, como parte fundamental del directorio de la Aldea Padre Alfredo, para precautelar el legado del benefactor religioso que dedicó su vida al servicio de los niños más necesitados.
El juez tomó posesión del nuevo interventor de la Aldea de Niños Huérfanos Padre Alfredo al sicólogo Raúl Aguilar Gonzales para cumplir fielmente su labor de administración de acuerdo a las normas contenidas en los estatutos y reglamentos que rigen la Aldea Padre Alfredo.
La intervención judicial de medida precautoria y prohibición de innovar emitida por el juez asimismo ordena que todos los bienes muebles e inmuebles sean anotados preventivamente en Derechos Reales, los motorizados en Tránsito, así como maquinaria agrícola y otros con la finalidad de la recuperación total para que cumplan la función social.
El fallo emerge de la demanda de la presidenta del directorio Salomé Nasica, reconocido por el Tribunal Constitucional y ratificado en asamblea con presencia masiva de benefactores en mayo de 2022.
La nueva resolución judicial de intervención responde a las acciones que tomó el directorio de Salomé Nasica y Jerjes Justiniano Talavera, después de que el 28 de septiembre de 2019 dijeron que se formó una supuesta asamblea de un pequeño grupo de personas que se habían criado en el hogar Padre Alfredo. Fundamentaron que ese pequeño grupo, atribuyéndose el título de “hijos del padre Alfredo”, en calidad de “egresados”, irrumpió y tomó las instalaciones donde funcionan las oficinas de la administración, los depósitos, las viviendas que se encontraban llenas de niños y demás patrimonio de las Aldeas de Niños Padre Alfredo.
Según la demanda, la supuesta asamblea no contó con ningún benefactor, solo se realizó entre exacogidos que habían sido beneficiados con alimentación, casa, comida y educación. Todos los asistentes a la llamada asamblea de benefactores eran personas ajenas a las aldeas y solo pasaron en su niñez por las aldeas en calidad de acogidos. Se consideró que esa asamblea violó los estatutos de la institución de bien social que dejó el padre Alfredo para servicio de los niños huérfanos.
Despilfarro de los bienes
El directorio de Salomé Nasica presentó pruebas ante el juez y aseguró que, de forma arbitraria y con la complicidad de funcionarios públicos que actúan desde los estrados judiciales hasta notarios de fe pública que, violando todos los derechos, se han prestado a brindar cooperación al grupo de avasalladores que les ha permitido de manera impune controlar los bienes, tanto en Santa Cruz como en San José de Chiquitos, donde han procedido a saquear el patrimonio de las Aldeas. “Se han apoderado de los inmuebles, han alquilado y dispuesto de varios bienes inmuebles propiedad de las Aldeas.
Arbitrariamente han concedido varios muebles en contrato de anticresis y en alquiler. Han saqueado totalmente el patrimonio de las Aldeas de Niños Padre Alfredo”, señala parte fundamental de la demanda del directorio.
De acuerdo con la demanda conocida por el juez, el patrimonio del padre Alfredo está valuado en casi $us 50 millones. Entre algunos bienes se citan la existencia del patrimonio en San José de Chiquitos con tres propiedades ganaderas y agrícolas, una lechería con vacas lecheras, un conjunto habitacional agrupado en varias casas donde habitaban los niños cobijados en las aldeas de San José de Chiquitos, así como una urbanización de lotes urbanos en proceso de aprobación ante el gobierno municipal de San José. Asimismo, vehículos motorizados. En Santa Cruz se citan inmuebles, un conjunto habitacional sobre el 4 .º anillo, esquina av. Virgen de Cotoca, consistente en más de 10 casas amobladas con camas para niños equipadas con enseres y muebles de cama, cocina, comedor y baño. También en la av. Virgen de Cotoca, Centro de Madres Solteras o actualmente administradas por monjitas católicas, residencia y varios lotes de terreno en barrio Luján y el Cambódromo, casa y lotes en Clara Chuchío, una casa en Cotoca y varios vehículos, tractores y ambulancias.
“Sucede señor juez, que ese patrimonio está siendo dilapidado, enajenado y destruyendo de manera sistemática y festiva por el grupo de individuos que asaltó la aldeas, autoconvocó a una supuesta asamblea de benefactores y eligieron, entre ellos, como presidente del directorio a Blanca Gloria Álvarez Montero, como primer vicepresidente Fátima Marisol Fuentes Melgar, segundo vicepresidente a María Elena Pereyra y como vocales eligieron a Fabiola Gutiérrez Vallejos, Isabel Avendaño Barba, Leónidas Sandra Zárate Luna y Máxima Durán Rivero. Todos ellos liderados por Claudio Américo Caiguara sentenciado a 20 años de cárcel por violación a niñas huérfanas”, señala la demanda. El juez Escalante dio la tutela al directorio de Salomé Nasica y Jerjes Justiniano. Ahora la Aldea tiene un interventor para la recuperación de todos los bienes de su benefactor, padre Alfredo.
Habla un hijo
Arlex Rodríguez Espíndola, ahora realizado en su hogar y con familia constituida, está agradecido de haber pasado por la Aldea del padre Alfredo. Conocí al padre Alfredo, un hombre de Dios y digno. Estoy agradecido a Dios, pero ya nosotros recibimos el favor. No estoy de acuerdo que unos cuantos que se creen hijos avasallen y se dediquen a saquear los bienes que son para los niños huérfanos”, dijo. Aseguró que ahora tiene su familia, sus hijos y se siente agradecido por haber pasado por la gloriosa aldea.