Justicia ordena traslado del Gobernador Camacho para el juicio oral del caso ‘Decretazo’, anticipan que reasumirá el cargo

El juicio oral por el caso ‘Decretazo’ comenzará dentro de un mes ante el Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz, según la resolución judicial divulgada el viernes por la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, el principal acusado del proceso.

Para este efecto, la entidad jurisdiccional instruyó el traslado de la primera autoridad departamental desde el penal de Chonchocoro, donde está recluido desde hace más de un año, a Santa Cruz de la Sierra “para que pueda ser desarrollada la audiencia de juicio oral”, según se lee en el auto de cumplimiento.

Martín Camacho, el abogado de la defensa, aseguró que la orden es “inapelable” y que implica el traslado de Camacho al penal de Palmasola donde debiera permanecer “lo que tenga que durar el juicio”, para preservar los principios de “oralidad y mediación”.

Efraín Suárez, quien fue el principal asesor de Camacho en la Gobernación, afirmó que la autoridad reasumirá “ipso facto” el poder ni bien pise territorio cruceño. “El fallo inconstitucional del TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) tiene como argumento para el golpe que se le ha dado a la Gobernación la presencia del gobernador fuera de los límites del departamento de Santa Cruz, con lo cual, el gobernador, al estar en el departamento, debe asumir el cargo automáticamente”, puntualizó.

Tanto para el abogado defensor como para Suárez, quien ahora es el vicepresidente de la alianza Creemos, no existe un tiempo definido para que se desarrolle este juicio. “La presencia del gobernador será en tanto el juicio se desarrolle en Santa Cruz y este tiempo no puede ser predecible porque hay muchísimas acciones que deben realizar dentro las audiencias”, dijo Suárez. “El juicio oral no puede descontinuarse”, remarcó Martín Camacho.

El gobernador Camacho llegó a Chonchocoro, una cárcel de máxima seguridad ubicada a 3.800 metros sobre el nivel del mar, como detenido preventivo por el caso Golpe I. Estando en esa condición, la Fiscalía lo acusó formalmente en octubre de 2023 por intentar delegar su cargo de forma interina a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera. El caso llamado ‘Decretazo’ es por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y el Ministerio Público solicitó una pena de seis años de prisión.

Camacho gobernó más de un año desde Chonchocoro, pero una resolución del TCP ordenó que Aguilera ejerza el cargo en suplencia hasta que salga de prisión. Esa decisión se materializó el 26 de enero en medio de una grave ruptura institucional interna en la Gobernación cruceña.

“Siempre pedimos el cumplimiento de la norma; si corresponde que el Gobernador electo asuma sus funciones, debe asumirlas; si corresponde que el Gobernador electo esté en Santa Cruz para su juicio oral, debe estar. Eso no debería revestir ninguna polémica”, afirmó ayer el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach.

En todo caso, el líder cívico ratificó ayer el plan de llevar adelante en marzo una “cumbre de la unidad” para resolver el “resquebrajamiento” que se dio por el conflicto de la Gobernación, entre Aguilera y el gobernador Camacho.