La Alcaldía no renovará contratos y la Gobernación reasignará los ítems

Lo anunciaron en sus respectivas posesiones. La Gobernación de Santa Cruz y la Alcaldía de la capital cruceña se encuentran en pleno proceso de reestructuración de su estructura administrativa y, en ambas instituciones, el fin es el mismo: trabajar con mayor eficiencia, pero con menos personal, porque las cuentas, en tiempos de pandemia, ya no cierran.

El municipio ya comenzó

En el caso de la Alcaldía administrada por Jhonny Fernández, en su momento se anunció que con los cambios que ya se encuentran en ejecución se planea reducir el costo de funcionamiento en Bs 100 millones.

Mario Centellas, secretario de Administración y Finanzas explicó a EL DEBER que el gasto corriente presupuestado para esta gestión era de Bs 533 millones, pero que con este reajuste se bajará en Bs 100 millones.

El gasto corriente son sueldos y salarios (servicios personales); agua, luz teléfonos, entre otros (servicios no personales); materiales y suministros; además de edificios, vehículos, entre otros que contemplan los activos fijos.

Sobre alquileres de inmuebles que utilizaba el municipio y por los que el gasto ascendía a unos Bs 8 millones mensuales, aunque luego disminuyó un porcentaje debido a la fusión de secretarías, Centellas explicó que se irá reduciendo paulatinamente.

“En la anterior gestión han trasladado muchas oficinas a la Quinta municipal, pese a que hay algunos alquileres, pero nosotros estamos centralizando en el edificio principal otras gerencias como tres secretarías, dejando espacio en la Quinta municipal para que ahí se vaya acoplando gente”, dijo el secretario municipal.

Como se va a descentralizar recaudaciones, entre otras reparticiones de atención al público a las subalcaldías, habrá menos gente en los edificios alquilados. “Quien sabe, habrá uno o dos, pero ya no será como antes”, dijo.

Sobre los 9.541 funcionarios municipales que formaban parte de la planilla de la anterior gestión, Centellas indicó que entre aquellos que se han acabado los contratos en marzo y no se renovarán, además de los que finalizaron en abril, por lo menos disminuyeron 300 funcionarios en cinco días y está significando un ahorro de Bs 10 millones.

“Estamos haciendo una reingeniería total para fortalecer salud, recaudaciones, desarrollo humano y seguridad ciudadana. Hay 300 juicios en la defensoría y solo 20 abogados, no alcanzan, no hay asesores legales en recaudaciones, por eso surgen problemas cuando la gente mete sus documentos y salen fuera de plazo. Tenemos la evidencia del descuido que existen en estas áreas”, explicó Centellas.

Dentro del municipio existían 3.213 funcionarios con ítem y 6.328 con contrato, de esto último, 2.573 pertenecen a salud, que, de acuerdo a Centellas, volverán a ser recontratados.

“Había muchísima gente con ítem fantasma. Hay gente que cobraba y no ha trabajado nunca y que apareció a querer trabajar. Hay mucha gente supernumeraria y otra que no sabe qué funciones cumple. Como ejemplo, en Emacruz hay 10 abogados y nadie sabe para qué”, subrayó el funcionario.

Gobernación a la espera

En el caso del Gobierno departamental, la figura es diferente, pues ellos deben esperar que el proyecto de ley de reestructuración sea aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).

Orlando Saucedo, secretario de Hacienda explicó que la medida que se plantea es para eliminar la burocracia y lo que están haciendo es reasignar los recursos.

“El costo actual (gasto corriente) del funcionamiento de la Gobernación es de Bs 160 millones al año y que para pago de sueldos se destina Bs 70 millones.

“Estamos sacando la grasa de la estructura de arriba para repartir los recursos en las técnicas, es decir, que buscamos optimizar y hacer eficiente la gestión para crear sinergia. El objetivo no es despedir gente, estamos dentro de los límites que nos permite el Estado y la estructura se va a mantener en los 680 funcionarios”, explicó Saucedo.

El secretario departamental dijo que con esta medida se busca el fortalecimiento de las subgobernaciones, porque el objetivo en cinco años es que todos los trámites que se realizan en el edificio de la avenida Omar Chávez también se lo pueda hacer en cada una de las subgobernaciones.

“Queremos que la inversión pública sea licitada y contratada en las subgobernaciones. Hoy, las subgobernaciones tienen a su subgobernador, una secretaria, un técnico y un chofer. Lo que proponemos es darle el personal para empezar a crear las capacidades para que en su momento puedan asumir todas las responsabilidades que tendrán”, explicó.

El gobernador Luis Fernando Camacho, en el programa Influyentes de EL DEBER Radio, anunció que se tendrá una sesión de gabinete en San Ignacio de Velasco para ver el tema del fortalecimiento de las subgobernaciones.

Por otra parte, Miguel Ángel Navarro, secretario General de la Gobernación señaló que, además de agilizar la estructura burocrática, sí habrá algún nivel de ahorro, porque se eliminan decenas de cargos sobre todo jerárquicos.

“El ahorro es el que se redistribuirá a otras unidades (Unidad de Bomberos Forestales, oficina Anticorrupción, Dirección de Educación, Dirección de Defensa Ciudadana y oficina del Plan Santa Cruz 4.0) es más, en nuestras propuestas hay más espacios de trabajo, pero operativos, no burocráticos. Más bomberos, técnicos y profesionales y menos secretarios, directores y choferes”, dijo Navarro.

La Alcaldía cruceña ha señalado que se realizará una recontratación del personal de salud.

La clave es la Asamblea

Más allá de las buenas intenciones en la reestructuración de la estructura administrativa de la Gobernación, el anteproyecto de ley deberá ser debatido en la asamblea departamental.

Allí, Creemos deberá contar con la mayoría absoluta para la aprobación de la norma, es decir, con 14 votos a su favor (con la cantidad actual de asambleístas que son 26 acreditados, de los 28 que debe tener el hemiciclo).

Cabe recordar, que el pleno de la ALD está conformado por 11 asambleístas de Creemos, 11 del MAS, uno de Asip y cinco representantes de los pueblos indígenas, con los que deberán consensuar para llegar a aprobar los proyectos que el Ejecutivo envíe durante los próximos cinco años.

Sobre el anteproyecto de ley, el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Hugo Valverde señaló que, mientras sea para que exista austeridad y en beneficio de la población, como legislador no tendría motivos para no aprobarla.

“Siempre apoyaré todo lo que sea de beneficio para el departamento. Si se ve algo oscuro, obviamente no se lo hará”, dijo Valverde.

Hasta el viernes, no había llegado al hemiciclo dicho anteproyecto para su debate. El mismo deberá ser analizado en las comisiones de Constitución y Administración y Finanzas para su análisis en posterior debate en el pleno.

No existe normativa, por el momento, que prohíba el retiro de servidores públicos en la gobernación y alcaldía

Si bien desde 2020 se viene anunciando la aprobación del anteproyecto de ley de Estabilidad Laboral, que incluye a los servidores públicos, este, a la fecha, aun no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El artículo 2 de dicha norma garantiza la estabilidad laboral de “las y los servidores públicos y trabajadores en general que desempeñan funciones públicas y privadas, en entidades Públicas del Estado descentralizadas, autónomas, autárquicas, semi-autárquicas, mixtas. (Fuerzas Armadas y Policía· Nacional) excepto aquellas personas que fueron designadas para cargos electivos y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento”, salvo a quienes incurran en los causales de despidos establecidos en la Ley del Trabajo.

El abogado constitucionalista, Eric Landívar explicó que no existe restricción para las reestructuraciones en las entidades públicas, tomando en cuenta que son muy pocos los cargos institucionalizados. “Excepto para los que tienen inamovilidad por embarazo o discapacidad”. Además de los trabajadores que están bajo la norma laboral.

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