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El mundo está en alerta y asustado con la aparición de una nueva variante del SARS-CoV-2 que surgió en Sudáfrica y que tiene nada menos que 55 mutaciones en el genoma respecto al virus original surgido en la ciudad china de Wuhan, con un alto nivel de contagio en ese país. El planeta no conoce aún qué tan peligroso es aquello que por hoy se ha bautizado con ómicron, la decimoquinta letra del alfabeto griego.

La primera medida de precaución que varios países europeos han tomado ante la amenaza es el cierre del tráfico aéreo con Sudáfrica, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomendaba ese extremo, porque en el futuro podría conducir a otros países a esconder el brote de nuevas variantes con el fin de evitar esas restricciones de circulación que tienen un alto impacto económico.

Sin embargo, la propia OMS, que ha tenido un comportamiento conservador, polémico y muy criticado en el manejo de la pandemia en el mundo, la ha llamado una “variante preocupante” y los expertos no dudan en afirmar que ómicron se trata de la variante más misteriosa conocida hasta la fecha desde que el virus apareció en el mundo, hace dos años.

La principal razón de la alarma mundial es la presunta alta transmisibilidad de la nueva variante, pero también lo son las propiedades asociadas a mutaciones en la espícula del virus.

La ciencia ha pedido unas semanas para estudiar y determinar los alcances de ómicron y saber dónde radican sus mayores amenazas. Mientras tanto, no queda más alternativa que volver a retomar las prácticas de bioseguridad que en el país y en el mundo se están descuidando como si la pandemia hubiera terminado.

Esto es, el uso del barbijo, mantener distancia social, evitar las aglomeraciones y los lugares cerrados, y principalmente vacunar a la población.

En este último punto, Bolivia lleva un déficit a estas alturas lamentables, porque casi la mitad de la población no se ha protegido ni siquiera con la primera dosis. No es concebible que la necesidad de la vacunación dependa de la voluntad de la gente, y en muchos casos de los absurdos prejuicios que aún subsisten en muchos de ellos, en los que piensan que la vacuna traerá otras consecuencias negativas para la salud o los que siguen pensando que en ella viene un sistema de control humano, como si lo que se inyectara fuera un chip.

El Estado tiene que asumir un mayor compromiso con la vacunación. Sin embargo, ¿qué se puede esperar si el propio vicepresidente David Choquehuanca, la segunda autoridad política del país, no se ha vacunado quién sabe por qué razones?

Si bien la vacunación no es obligatoria, es preciso adoptar medidas de presión como ya lo hacen muchos países donde las personas vacunadas tienen puertas abiertas para todo, y las que no lo están tampoco tienen derecho a acceder a determinados lugares y servicios.

Ya no solo para ingresar a restaurantes o lugares públicos, sino que incluso para acceder a un examen en la universidad, para concurrir a las fuentes de trabajo y usar los servicios públicos como el transporte, debiera ser un requisito presentar alguna evidencia de la vacunación.

Hará falta también organizar e informar mejor sobre los diferentes accesos a la vacunación: unos son los de edades menores, otros son los que recibirán la tercera dosis y otros los que deben vacunarse con la primera y segunda dosis. Con un plan organizado, sistemático, persuasivo y buena información a la población es posible retomar el esfuerzo por conseguir un porcentaje significativo de población vacunada.



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